Las principales novedades introducidas en el trámite de la ley en la Cámara Alta son la nueva regulación del contrato de relevo, nuevas formas de contrato para las empresas de trabajo temporal y delimitaciones sobre las empresas que pueden realizar contratos de inserción, aportadas mediante enmiendas presentadas por el PP y CiU.

Con los votos del PP, el pleno rechazó los vetos a la ley presentados por PSOE e Izquierd Unida, y las más de 150 enmiendas de estos mismos grupos más las de Entesa Catalana de Progrés, PNV, Coalición Canaria y BNG, así como algunas de las presentadas por CiU.

Los portavoces de los grupos socialista, José Antonio Alonso; de la Entesa, Ramón Espasa; del PNV, Joseba Aurrekoetxea; y del Mixto, Manuel Cámara, coincidieron en acusar al Gobierno y al PP de haber "impuesto" su reforma laboral sin consenso con los agentes sociales ni con las formaciones políticas.

Una de las modificaciones arobadas hoy en las enmiendas defendidas por la senadora del PP Belén do Campo permite que los trabajadores mayores de 60 años, siempre que tengan derecho a una pensión contributiva, reduzcan su jornada laboral y su salario desde un mínimo del 25% hasta un máximo del 80%. Si son mayores de 65 podrán compaginar salario y pensión.

En caso de que sea menor de 65 años, la empresa tendrá la obligación de realizar un contrato de relevo a un parado o a un empleado no fijo de la empresa, que se prolongará por l tiempo que al trabajador que reduce su jornada le quede hasta la edad de jubilación.

Las nuevas modificaciones permiten que las empresas de trabajo temporal puedan realizar a un trabajador un contrato que les permita cubrir los servicios que demanden varias empresas, con la salvedad de que estos servicios tendrán que conocerse en el momento de firmar el contrato con la ETT.

Asimismo, se extenderá el coste cero para las empresas de trabajo temporal que suministren el trabajador para la sustitucin de una baja maternal en otra empresa.

En cuanto a la enmienda introducida por CiU, permitirá que las empresas de inserción, que cumplan con el requisito de tener más de un 30% de trabajadores pertenecientes a colectivos considerados como excluidos, se puedan beneficiar de los incentivos independientemente de su naturaleza jurídica.