Lo ha hecho en el transcurso de la sesión de conrol al Gobierno en el Congreso, y al final de una respuesta al coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, que le había preguntado qué va a hacer para sacar a la firma Sintel de la suspensión de pagos.

Llamazares ha recordado que más de mil trabajadores de Sintel llevan acampados 23 días en los laterales del Paseo de La Castellana para que les sean abonados sus sueldos y para que la empresa no cierre.

El dirigente de IU, que le ha dicho a Aznar que esto no es una "cosita" sino un problema real ara miles de españoles, ha señalado que aunque el Gobierno del PP no vendió Sintel al empresario cubano Jorge Mas Canosa, sí es cierto que Mas Canosa era simpatizante del PP e incluso ha participado en campañas del PP.

Telefónica, ha dicho Gaspar Llamazares, "es una empresa del Gobierno y del PP, en la que usted ha puesto y quitado Rey (en alusión a Juan Villalonga), y, por tanto, una empresa en la que usted puede influir favorablemente".

"RELACIONES PELIGROSAS" CON MAS CANOSA

"Usted", dijo Llaazares, "ha tenido relaciones peligrosas con el ex comprador de Sintel, con el señor Mas Canosa, que ha participado en congresos, en campañas del PP, y ha ido de viaje con usted".

Aunque LLamazares ha hecho mención a que los trabajadores de Sintel le estarían escuchando desde la tribuna de oradores, lo cierto es que la veintena de operarios de la firma, que habían acudido al Congreso previa invitación vestidos con `mono` de Sintel, no han llegado a tiempo porque, según Llamazares, se ha retrasado su etrada dando prioridad a otros invitados.

Aznar ha dicho que este Gobierno "no tiene por qué hacerse responsable de las condiciones en las cuales otro gobierno privatizó Sintel, ni mucho menos, a quién privatizó ese gobierno la empresa".

El jefe del Ejecutivo ha instado al diálogo "constructivo" entre las partes para que empresarios y trabajadores alcancen un plan de viabilidad. Y entonces será cuando la Administración puede poner "encima de la mesa todos los instrumentos legales y todos los apoyo" para el plan de futuro.

En 1996, cuando el PP llegó al poder, se produjeron en España 5.600 expedientes de regulación de empleo con 150.000 trabajadores afectados. Y cinco años después, en 2000, sólo 2.500 expedientes con 52.000 operarios.