La reforma del estatuto riojano amplía de 29 a 43 las competencias exclusivas, entre ellas la ordenación y planificación de la actividad económica y el fomento del desarrollo económico de La Rioja, las cámaras y colegios profesionales, y la ordenación farmacéutica.

El nuevo estatuto señala como prioritaria la investigación científica de la lengua castellana y pretende, a través del artículo 46, corregir los desequilibrios producidos por limtar la comunidad autónoma con los regímenes forales de la Comunidad Vasca y Navarra.

En cuanto al parlamento regional o Diputación General, con la reforma amplía los periodos de sesiones a nueve meses: de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Asimismo, se establece la posibilidad de disolver anticipadamente la Cámara por parte del presidente del Gobierno, aunque limitada por algunos condicionantes.