La Comisión Constitucional aprobó el dictamen de la ponencia sin introducir apenas cambios en el texto acordado por el PP y el PSOE, al que no se incorporaron las enmiendas de los grupos nacionalistas e IU relativas a la denominación como "País Valenciano", la unidad de la lengua, cambios en los símbolos identitarios y la rebaja de la barrera electoral.

El proyecto de nuevo Estatuto pasará al próximo Pleno del Congreso de los Diputados, lo que el ponente socialista, Cipria Ciscar calificó, en declaraciones a los periodistas al término de la Comisión, como un hecho importante, por ser la primera reforma estataria de esta envergadura que verá la luz en la Cámara.

Ciscar destacó el amplio consenso entre los dos grupos mayoritarios, y se felicitó de que el mínimo del 5 por cien de los votos para tener representación en las Cortes valencianas haya salido del Estatuto porque eso permitirá que en su día la ley electoral de esa comunidad decida cuál ha de ser el límite electoral.

El diputado socialista agregó que la Comunidad Valenciana podrá tener un mayor nivel de autogobierno, más cohesión social y, sobre todo, mayores posibilidades para alcanzar más cotas de nivel de vida para los ciudadanos.

Por su parte, el portavoz popular en la Comisión Constitucional, Federico Trillo, resaltó el "respeto y la paz entre los dos principales interlocutores, que es el que debe presidir la elaboración de las reglas del juego y el que desearía el PP para el resto de los estatutos".

El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Serafín Castellano, dijo estar "tremendamente satisfecho" de que se haya cumplido el pacto con el PSOE y los plazos previstos, con lo que en abril se dará la aprobación definitiva en el Parlamento sin variar las cuestiones fundamentales, "en beneficio de los ciudadanos y de la comunidad".

ABUSO DE AUTORIDAD

El resto de los grupos expresaron sus discrepancias con lo que, en palabras de la ponente de IU, Isaura Navarro, ha sido un "acuerdo vergonzoso y deplorable", realizado con "la visión del PP y la connivencia del PSOE", y en un plazo demasiado breve que no ha dado suficiente margen al debate y demuestra un "abuso de autoridad y de mayoría, un rodillo permanente".

En nombre de CiU, Jordi Xuclá expresó también sus quejas por el procedimiento, en lo que considera "un contrato de adhesión (por parte del PSOE) a los planteamientos del PP, una claudicación", ya que había temas sensibles en los que los socialistas decían estar dispuestos a llegar a una solución.

Por último, la portavoz del Grupo Mixto, Begoña Lasagabaster, lamentó la "falta de transparencia y rigor parlamentario" del trámite, en el que se han utilizado enmiendas de otros grupos para colgar sus propuestas, lo que ve como una muestra de "mal estilo" y un "atropello" que provoca un descrédito que no merece el Estatuto ni sus ciudadanos.