El convenio, rubricado hoy por el vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, y la alcaldesa de El Boalo, Carmen Díaz, servirá para mejorar la atención y los servicios que se prestan a los ciudadanos.

"Estamos convencidos, -dijo Prada-, de que supondrá la resolución de los problemas de desplazamiento que los habitantes de la zona tienen para resolver cualquier actividad jurídica que no tenga carácter procesal".

"Con la incorporación de este municipio del noroeste de la región al proyecto del Gobierno regional más de un millón de madrileños se pueden beneficiar de los servicios de estas oficinas", afirmó el consejero.

"Los ciudadanos podrán solicitar orientación jurídica gratuita, información sobre los requisitos necesarios para su obtención, la atención psicosocial o la realización de exámenes médico-forenses", señaló Prada.

La nueva oficina judicial contará con un abogado, un psicólogo, un médico forense, un trabajador social y un responsable de la gestión de la oficina para la tramitación, el registro y la información del ciudadano.