La Guardia Civil detuvo el pasado sábado a once personas en Madrid y Málaga por su presunta vinculación con la trama, de las que cuatro ingresaron en prisión, entre ellos el que se supone cabecilla de la red, el ex policía local de Rota (Cádiz) Jesús María Martínez Albiach, quedando el resto en libertad sin cargos.

Uno de los detenidos, el empresario malagueño Cristóbal Peñarroya, que en un primer momento fue inculado con la organización de la estafa al Banco Popular, y que posteriormente fue puesto en libertad sin cargos, explicó hoy, junto a su abogado, su versión de los hechos.

Cristóbal Peñarroya, presidente del grupo de empresas que lleva su nombre, entre las que destacan la Inmobiliaria Peñarroya y el rotativo Diario Málaga, negó que tuviera relación alguna con los estafadores "cuando el que iba a ser estafado era yo".

Según explicó su abogado, los estafadores habían contactado con el Grupo Peñaroya para comprar un centro comercial, un centro deportivo y unos terrenos en Marbella, para los que, después de nueve meses de negociaciones, se acordó un precio y el modo de pago.

Los estafadores, que siempre actuaron a través de un agente libre, pretendieron mediante cartas de crédito falsas y letras de cambio, igualmente falsificadas, descontarlas en la oficina principal del Banco Popular de Málaga y obtener de esta forma 1.500 millones de pesetas, que junto a las otras estafas emprendidas en Madrd y Barcelona, podrían haber llegado a los 4.700 millones de pesetas.

"Una vez que habrían obtenido el dinero", aseguró el abogado de Cristóbal Peñarroya, Carlos Llamas, "se habrían marchado de España", según consta en los atestados instruidos por la Guardia Civil y que se adjuntan al sumario que instruye la Justicia.

Tanto el empresario como su abogado han mostrado su extrañeza por la detención de Cristóbal Peñarroya, ya que ninguno de los implicados con la red de estafadores le había implicado n la trama. Máxime, según aseguró Carlos Llama, cuando la estafa fue descubierta gracias a las exigencias del propio empresario.

Los efectos bancarios falsificados eran del Banco Popular, que posee la cuenta de Inmobiliaria Peñarroya, y los estafadores pretendían hacer la operación en una sucursal del Banco Luso Español, para evitar ser descubiertos.

La insistencia de Peñarroya en canalizar la compraventa de los terrenos y del centro comercial en el Banco Popular levantó las sospechas de la entidd bancaria, y el posterior desmantelamiento de la trama delictiva.