Según informó la RCADE en un comunicado, los participantes en el citado acto, cuyo fin era pedir la abolición de la deuda externa a los países pobres y el fomento de la democracia participativa, sufrieron una "dura e injustificada" carga policial cuando intentaban desplegar frente a las puertas de la Cámara Alta unas pancartas en las que se pedía el reconocimiento parlamentario de más de un millón de firmas recogidas durante la Consulta Social por la Abolición de la DeudaExtrena.

Con motivo de los incidentes ocurridos durante el acto, los responsables policiales denunciaron a siete personas, aunque las causas contra seis de ellas han sido archivadas, mientras que el juicio contra la séptima se celebrará mañana en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

La RCADE considera que la acusación policial a la que se enfrenta este miembro de la red, para quien el fiscal pide dos años de cárcel y 210.000 pesetas de multa, "representa un nuevo golpe para la libertad deexpresión y la consecución de un mundo más justo".

Por otra parte, este organización critica el retraso en la tramitación de las denuncias presentadas por las más de 50 personas que sufrieron lesiones durante la carga policial, en contraste con la agilización del proceso iniciado con la denuncia de la policía.