El juez de delitos monetarios Miguel Moreiras ordenó la pasada semana el ingreso en prisión de dos personas relacionadas con el cobro de comisiones ilegales por la venta de un local en Ponferrada (León) destinado a la sede de la administración e la Seguridad Social, hechos de los que tuvo constancia la Tesorería General del organismo público el pasado mes de junio.

Moreiras inició el pasado viernes los interrogatorios a los testigos con la toma de declaración de Abel Sanjuán, presidente de la cooperativa El Paraisín de Ponferrada, que pagó 5 millones de pesetas por las gestiones de venta del local.

Asimismo comparecieron en el juzgado Abel Sanjuán, José Manuel Rodríguez y José Antonio Castañón, miembros de la citada cooperativa.

Aer prosiguieron las comparecencias de vendedores de locales con la declaración de María Osuina González Vivero, Casiano López Arias y Antonio Casanova Rey, propietarios de locales de La Coruña y Madrid.

Esta misma mañana declararon en el juzgado Ricardo Fuster, presidente ejecutivo de Danone, empresa que trató de vender su edificio de la calle Lóepz de Hoyos de Madrid a la Tesorería de la Seguridad Social.

Su testimonio fue avalado por Jesús Pérez Martínez, director regional de la empresa, y Elen Eizaguirre, auxiliar administrativo. Asimimso comparecieron Luis Casado Moreno y loshermanos Jesús y Pergantino Rojo, propietariosde locales en Alcobendas y Madrid.

Según las mismas fuentes, todos los declarantes coincidieron en señalar a Amador Guerra, propietario de la empresa Arquitécnica, como el intermediario de las operaciones de venta.

Las investigaciones llevadas a cabo indican que el detenido disfrutaba de información privilegiada sobre las condiciones y ubicación de los locales a adquiir, antes de qe la convocatoria de la licitación fuera publicada en la prensa y en el BOE, sin que todavía se haya podido identificar a la persona que filtraba los datos.