Esta fue la principal conclusión de una mesa redonda sobre el plurilingüismo celebrada en el Campus FAES, los cursos de verano de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, antes de que José María Aznar y Mariano Rajoy clausurasen la edición de este año.

El presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, recordó que el castellano es la "lengua de todos" los españoles y, como tal, debe ser defendida por la Administración Central del Estado de acuerdo con lo establecido en la Constitución.

Caja señaló que la "inmersión lingüística" que se está llevando a cabo en comunidades como Cataluña están empujando al "monolingüismo" a los jóvenes, que son educados prácticamente en exclusiva en la lengua cooficial.

Apuntó que esto sitúa a muchos ciudadanos en un "grave agravio" porque a la larga se acaban convirtiendo en "analfabetos funcionales" por la falta de conocimientos suficientes para dominar el castellano.

En nombre de la Plataforma por la Libertad de la Elección Lingüística, Pablo Gay afirmó que el uso del castellano se ha convertido en un "problema nacional" que requiere una "solución nacional" por parte del Gobierno de Zapatero, al que criticó por su "inacción" y por no percatarse de la "crisis lingüística que existe en España.

A su juicio, en algunas comunidades autónomas se está haciendo un "uso perverso de la lengua como un elemento identitario, desintegrador y diferenciador que se utiliza para lo contrario" de lo que debería.

Gay manifestó que "no se puede permitir que los poderes públicos" sean los que coarten la libertad de los padres para elegir la lengua de enseñanza de los hijos en un momento en el que algunos gobiernos autonómicos están utilizando la educación para "controlar el presente y el futuro de la masa social".

Por su parte, el representante de la Mesa por la Libertad Lingüística en Galicia, José Antonio Amado, aseguró que en el ordenamiento jurídico español existe un "quiste" por el uso de las lenguas que genera "enormes trastornos" en las comunidades autónomas afectadas.

Resaltó que en determinados puntos de España existe una "lingomanía y lingolatría" por el uso del catalán, el gallego o el euskera hasta el punto de colocar los derechos de las lenguas por encima de los derechos de los ciudadanos.

Amado aseveró que "el problema es la atribución total de competencias de educación a las comunidades autónomas y la atribución perversa" que han hecho de estas funciones, lo que después de 30 años de democracia provoca que haya una "absoluta estatalización de la educación" en España.

Finalmente, el presidente de la Sociedad Cultural Círculo Balear, Jorge Campos, denunció que en su comunidad "no se puede estudiar en la lengua oficial del Estado", lo cual constituye "algo tan absurdo como que en Inglaterra no se pudiera estudiar en inglés".

Campos culpó a los partidos políticos del problema educativo que existe en Baleares con el uso del castellano, ya que "mientras el 83% de los padres quieren elegir la lengua de enseñanza de sus hijos, el 90% de los centros públicos imparten todas sus asignaturas en catalán".

Apuntó que no sólo existe una "discriminación" del castellano sino incluso del mallorquín y el payés, dado que se ha producido una "sustitución" de las lenguas autóctonas del archipiélago por el catalán.

Asimismo, criticó la "imposibilidad de escolarizar a un niño en castellano" en las Islas Baleares fruto de las leyes aprobadas por el Partido Popular durante los años de gobierno de Jaume Matas y que ahora han sido desarrolladas "al máximo" por el PSOE.