En un encuentro con medios informativos, el presidente de la CRUE, Carles Solà, se quejó de que el "rtmo cansino" del Gobierno en el impulso de esta reforma tenga en vilo a las universidades, que están a punto de abrir los plazos de matrículas para el próximo curso e ignoran si tendrán que aplicar los planes de estudio vigentes o los nuevos.

A finales del año pasado, un grupo de trabajo constituido por el Gobierno y los rectores consensuó un documento que contempla, como principal novedad, la reducción del número máximo de asignaturas por curso a nueve (ahora algunas carreras llegan a 21), y con un mximo de seis asignaturas simultáneas.

Junto a esta queja, el presidente de la CRUE mencionó la necesidad de que el Gobierno dé una solución presupuestaria a la situación de los más de 20.000 profesores que están interinos, cantidad muy por encima de la permitida por ley. Los rectores cifran en 20.000 millones de pesetas la financiación que precisan para dar estabilidad laboral a estos trabajadores.

Sobre el dinero que piden las universidades por la pérdida de ingresos que les ha supuesto la amplición de las exenciones por familia numerosa, dijo que los 7.000 millones que ha previsto de momento el Congreso son insuficientes, aunque la CRUE confía en obtener una nueva partida en breve plazo.

Solà anunció que la CRUE se ha dirigido al presidente del Congreso, Federico Trillo, para que el Parlamento promueva la elaboración de un estudio independiente sobre las necesidades de la universidad española para la próxima década, al modo del informe "Daering" que se elaboró en el Reino Unido durante la eapa conservadora y que ahora está ya aplicando el Gobierno laborista de Tony Blair.

El presidente de los rectores dijo que esta petición al Congreso la conoce la ministra Esperanza Aguirre y le ha dado su respaldo.

Según la CRUE, ese informe independiente debería constar básicamente de un "catálogo de recomendaciones" que marquen las pautas a seguir por los gobiernos de las comunidades autónomas.

Los rectores piden al Gobierno que se conciencie sobre la necesidad de aumentar el gasto públicoen los alumnos universitarios (capítulo que sitúa a España en el penúltimo lugar de la Unión Europea), y no confíe en que la solución está en el descenso demográfico o en el aumento de las tasas.