En un comunicado de prensa, la CRUE señaló que ha tomado esta decisión tras ser informada por el rector de la Universidad valenciana "del conflicto creado por el Gobierno autónomo valenciano en relación con la reforma de estatutos aprobada por el Claustro de la Universitat de Valencia el 24 de noviembre de 1997".

Para la CRUE, el conflicto sienta un grave precedente de incumplimiento de un derecho reconocido a las Universidades en nuestro ordenamiento jurídico. Segúnexpresa literalmente el artículo 12.1 de la LRU, las Universidades "elaborarán sus Estatutos y, si se ajustan a lo establecido en la presente ley, serán aprobados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente".

La Universitat de Valencia remitió en enero de 1998 a la Generalitat Valenciana los artículos de la reforma aprobada por el Claustro que fueron informados por los Servicios Jurídicos de la Consellería y, en dos ocasiones, por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad alenciana. Todas las observaciones hechas en el proceso fueron atendidas e incorporadas al nuevo texto. En el segundo de sus informes, el Consejo Jurídico Consultivo dio en febrero de 1999 el visto bueno definitivo a dicho texto.

Por ello, agotado el trámite previsto, sin que se haya formulado objeción alguna, y ante el silencio de la administración, la CRUE considera que la actitud del Gobierno valenciano "impide el ejercicio del derecho fundamental a la autonomía universitaria reconocido en el artíclo 27.10 de la Constitución Española, razón por la cual respalda las acciones legales emprendidas por la Universitat de Valencia encaminadas a que entre en vigor la reforma de sus Estatutos".