Los convocados expresaron, asimismo, la urgencia de una actualización legislativa de toda la normativa que regula los juzgados de menores, dada la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores de 1948, según puso de manifiesto hace un año una sentencia del Tribunal Central.

En la reunión, que discurrió a lo largo de todo el fin de semana, participaron distintos ponentes de la Administración y 45 participantes del campo el trabajo social, la sicología y el derecho, así como representantes de asociaciones juveniles.

Los reunidos, que acordaron, entre otras conclusiones, la necesidad de analizar las medidas que adoptan los juzgados de menores, estimaron que debe prevalecer el concepto de libertad vigilada, porque posibilita un trabajo sobre los niños y el entorno social causante de su situación.

A propósito de esa afirmación, agregaron que las medidas de internamiento en un centro de reformas debe adoptarse sólo e los casos en que la integración no problématica del niño no pueda desarrollarse.

Pero para aplicar esas medidas, los participantes creen que son imprescindible unas mayores dotaciones de medios y recursos humanos que poermitan un seguimiento efectivo de los afectados durante los periodos de libertad vigilada, así como una modernización de los centros de reforma, que "en algunos casos siguen en estado calamitoso", afirmaron.