Estos cuatro flecos pendientes dependerán, según comentaron los consejros afectados, de lo que el Ejecutivo les ofrezca en las comisiones mixtas entre Gobierno y comunidades autónomas, que se convocarán para precisar, caso por caso, la propuesta gubernamental. El Ministerio de Economía sí lo tiene claro: si estas comunidades no aceptan seguirán con el sistema actual.

Según explicó el ministro de Economía, Pedro Solbes, el acuerdo "experimental" para los próximos dos años supone "una mayor neutralidad en el 94 y más corresponsabilidad en el 95", al garantizar que todas ls comunidades reciban más esos años que actualmente, pero con cierta proporcionalidad con la recaudación del Impuesto de la Renta.

Así, en 1994 las comunidades regidas por el artículo 143 de la Constitución recibirán como mínimo un 0,25 por ciento más que lo que reciben del Estado actualmente (en concepto de tributos cedidos, transferencias y Fondo de Compensación Interterritorial), y un 1 por ciento más como máximo. Por su parte, las del 151 obtendrán entre un 0,25 y un 0,5 por ciento más que actualmnte.

En 1995, sin embargo, lo que cada comunidad recaude pesará más en los máximos a percibir. Todas tendrán derecho a un aumento mínimo del 0,5 por ciento, pero el máximo se eleva a un 2 por ciento.

Sin embargo, Baleares, Aragón y Madrid no recibirán en 1994 el 15 por ciento del IRPF, pues aún no tienen transferidas todas las competencias, de forma que las dos primeras obtendrán un 10 por ciento y la última un 5 por ciento, porcentajes definidos para que no sobrepasen lo que reciben actualmente. En total, el coste para el Estado será de unos 10.000 millones de pesetas en 1994, que habrán de incluirse en los Presupuestos, y más de 20.000 el año siguiente.

Solbes dijo que Ejecutivo y comunidades han acordado también crear un órgano paritario entre ambos, que se reunirá dos veces al año y albergará también reuniones de los representantes autonómicos con las delegaciones de la Agencia Tributaria. El acuerdo incluye asimismo la elaboración de un libro blanco sobre este sistema, que habrán de ealizar tres expertos antes del mes de junio del próximo año.

Además, el Consejo ha realizado dos declaraciones, una por la que declara su "voluntad política de avanzar" en los acuerdos alcanzados, y otra para crear un grupo de trabajo en este mes sobre los desfases de financiación de la sanidad autonómica.

LA OPOSICION

Por su parte, los motivos para rechazar el acuerdo por parte de las comunidades que votaron "no" son diferentes, pero coinciden en el temor a recibir menos que el resto. El consjero de Economía gallego, José Antonio Orza, dijo que el sistema de cesión no respeta el equilibrio financiero y "es de dudosa legalidad jurídica", aunque se mostró esperanzado en llegar un acuerdo en la comisión mixta.

Orza precisó que el Ejecutivo gallego está en contra que se premie el esfuerzo fiscal, cuando no está en manos de las comunidades autónomas aumentar o disminuir el impuesto. Orza también expresó su temor de que se empiece con la cesión del 15 por ciento y se avance en una cantidad much mayor.

Manuel Amigo, consejero de Economía de Extremadura, dijo que la propuesta presentada hoy por el Gobierno supondrá que en 1995 la horquilla en la que podrán moverse algunos comunidades autónomas, de ingresos mínimos y máximos, sea entre 100 y 10.500 millones de pesetas, lo que a su juicio "no garantiza la neutralidad".

Amigo aseguró que "no nos sentimos engañados", en referencia a la entrevista celebrada por Felipe González y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en la que el primero aseguró al prsidente de la Junta extremeña que el sistema garantizaba que nadie perdería dinero.

Por último, el consejero balear, Jaime Matas, se mostró contrario a que su comunidad sólo reciba el 10 por ciento del IRPF, aspecto éste que se había suprimido en la anterior propuesta gubernamental, y que el Ejecutivo no hubiera dado ningún tipo de garantías para acelerar la cesión de transferencias.

La única abstención fue justificada por el responsable de finanzas de Castilla y León, Fernando Bécker, en la precpitación del acuerdo y la poca concreción de lo que va a recibir esa comunidad autónoma: "No aceptaremos firmar un cheque en blanco", dijo.