En su tercera jornada de declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid y en respuesta las preguntas de su defensa, Rato insistió en desvincularse de las decisiones sobre la campaña publicitaria e insistió en que los departamentos correspondientes tomaban las decisiones por lo que los asuntos que llegaban a la mesa del Consejo de Administración habían sido “muy trabajados” previamente.

Los contratos con esas dos empresas están bajo sospecha y se trata de esclarecer si hubo pago de comisiones. Rato aseguró que no tenía relación personal con ninguna de las dos agencias de publicidad, aunque reconoció que las conocía al tratarse e empresas “de primer nivel” en su sector.

Buena parte de la declaración de Rato de este lunes ha estado dedicada a dar respuesta a la que fuera directora de Comunicación de Bankia en ese momento, Pilar Trucios, quien afirmó que la decisión de adjudicar el contrato a Publicis fue de Rato, ya que ella recomendó a la empresa Remo, que fue la ganadora del concurso.

El acusado se ha centrado en desacreditar el testimonio de Trucios a la que acusó de mentir sobre la adjudicación del contrato. La responsable de Comunicación de Bankia fue contratada por decisión de Rato y tiempo después de su nombramiento “tuvo una salida financieramente muy generosa” pese a lo cual, dijo el ex director gerente del FMI, “tiene una herida abierta”.

Trucios declaró durante la instrucción del caso que fue el propio Rato el que ordenó contratar con Publicís, una de las dos empresas adjudicatarias del contrato de publicidad y marketing de Bankia que gastó en ello 13 millones de euros.

Rato intentó desacreditar a esta testigo de la que llegó a decir que “no resolvía” los problemas de su competencia, se los “trasladaba” al presidente de la entidad y tenía una actitud “muy vehemente y muy emocional”, por lo que dejó de despachar con ella, trasladando esa función a su secretaria, Teresa Arellano.

Durante su declaración, iniciada la pasada semana, Rato se ha negado a responder a la Fiscalía y ha mantenido una actitud desafiante tanto con Anticorrupción, como con la Abogacía del Estado y con los inspectores de la Agencia Tributaria. A todos ellos les acusa de irregularidades en la investigación. Se enfrenta a una petición fiscal de 70 años de cárcel por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios.