Rato, que compareció ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros, en el que se aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de Ley del Estatuto del Contribuyente, aseguró que este Estatuto impedirá que vuelvan a producirse casos como el de los 200.000 millones de pesetas.

Rato explicó que el Gobierno lo único que ha hecho es poner en conocimieto de la opinión pública las consecuencias de sentencias que se han ido produciendo desde 1992, e insistió en que, de acuerdo con el criterio de estos órganos jurisdiccionales, han prescrito 600 expedientes tributarios con una deuda de 200.000 millones de pesetas.

"Me sorprende que no se haya informado a la opinión pública de esto en febrero de 1996", dijo Rato, "y me sorprende todavía más que en el traspaso de poderes no se haya informado a la nueva Administración, porque esto producía la prescripció de 600 casos".

A juicio de Rato, "es indudable que, desde el punto de vista de la gestión política, estamos ante un claro caso de negligencia política en los responsables en esos momentos de la Agencia Tributaria". Insistió en que "no hay ninguna explicación técnica ni jurídica que pueda respaldar suspensiones de actuaciones de hasta 5 años".

Rato mostró su sorpresa por que el PSOE "se escandalice de las referencias a favores a amigos, después de las argumentaciones que llevamos escuchando en lo últimos 6 meses, en los que no ha habido prácticamente día sin que esa misma frase se haya utilizado profusamente por parte del PSOE".

El ministro explicó que el Gobierno no dará los nombres de los beneficiados por la prescripción de los 600 expedientes porque está obligado por ley a defender a los contribuyentes y "los nombres de los contribuyentes que están sometidos a cualquier procedimiento de la Agencia Tributaria son secretos".

"No vemos ninguna necesidad para no cumplir con la ley y, adems, nos parece un requisito imprescindible para la defensa del contribuyente. Aquí no se está discutiendo cuál ha sido la actuación de esos contribuyentes, sino por qué durante períodos de años se han interrumpido actuaciones sin ninguna justificación, a sabiendas que eso iba a producir efectos jurídicos irreparables para la Hacienda Pública", indicó.

AMNISTIA FISCAL

Rato insistió en que los efectos prácticos de todo este asunto "son de una amnistía fiscal", porque "había unas deudas tributarias que,si se hubieran tramitado en tiempo y forma, no habrían prescrito". Agregó que el Gobierno no ha actuado con precipitación, porque "los expedientes han prescrito".

A la pregunta de si el Gobierno emprenderá alguna actuación judicial, como su propio grupo parlamentario ha planteado, Rato dijo que "ya las estamos haciendo, estamos defendiendo los derechos de Hacienda, estamos recurriendo todas las sentencias y vamos a utilizar todos los instrumentos legales para garantizar el cobro de los derechos de la acienda Pública, pero tenemos que decirle a la opinión pública lo que nos está sucediendo en los tribunales".

Rato se refirió también a las declaraciones de los inspectores de Hacienda, y dijo que el Gobierno no está molesto con ellas, añadiendo inmediatamente después que "los funcionarios de la Agencia Tributaria, que son unos excelentes profesionales, son los mismos que antes, lo que ocurre es que ahora sse cumplen los plazos".

ESTATUTO DEL CONTRIBUYENTE

El ministro insistió en que el Gobiern lo único que ha hecho es poner todo este asunto en conocimiento de la opinión pública, y que, además, el Ejecutivo ha aprobado el proyecto de Ley del Estatuto del Contribuyente, que evitará este tipo de problemas.

Rato explicó que este Estatuto establece que la actuación inspectora no podrá durar más de un año, con interrupciones o sin interrupciones, lo cual "garantiza el funcionamiento transparente, eficaz e independiente de la Agencia Tributaria".

Agregó que el Estatuto, que dijo que es frutodel trabajo del PP en la oposición, que lo ha venido proponiendo insistentemente, y un trabajo intenso en los últimos años, servirá también para "equilibrar" los derechos de los contribuyentes ante Hacienda, que han estado "claramente desequilibrados", a su juicio, en los últimos años.