Así lo indicó en declaraciones a los medios de comunicación tras la presentación del convenio firmado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Entidad Pública de Suelo (Sepes) para promover viviendas en régimen de alquiler a precio asequible.

Sánchez no se quiso “comprometer” a que se anunciará antes de final de año. “Yo soy prudente, las negociaciones hay que llevarlas con discreción”, explicó la ministra, quien insistió en que la ley “no ha estado paralizada en ningún momento” pues han estado “muchos meses trabajando” en los que se han incorporado “más de la mitad” de las 800 enmiendas. “No hay un acelerón, estamos culminando un proceso que yo espero que llegue a su fin en las próximas semanas”, subrayó.

En el acto, destacó que en las últimas décadas “no se había garantizado la construcción de un parque público de vivienda” porque lo que aquellas familias “con ingresos limitados y especialmente en zonas con un mercado tensionado” se veían “privados” de acceder a un parque de viviendas, que “en muchos casos ha sido enajenado a fondos buitres”.

Para Sánchez, el objetivo es “alcanzar el máximo número de viviendas en alquiler a procesos asequibles” pero la primera meta es poner a disposición 100.000 viviendas, lo que supone “incrementar un 25% el parque de vivienda actual”.

Estas viviendas se destinarán a “ese gran segmento de la población” que “no ha podido acceder a una vivienda digna protegida” y que además “una buena parte de sus ingresos a poder pagar esa vivienda”, más del 40% o 50% de sus ingresos.

La ministra destacó el “papel fundamental” que ha jugado Sepes en el “proceso de recuperación de suelos públicos en desuso” o que habían quedado “obsoletos” ya sean propios o de otas administraciones. “Su trabajo no se ha limitado solo a la identificación de esos suelos, sino que se ha consolidado como un instrumento eficaz, ágil y ejemplar en desarrollos que requieran de planificación urbanística y de inversiones que se tendrán que mantener en el tiempo”.

Asimismo, apuntó que la “asignatura pendiente” del mercado del alquiler es la incorporación de la colaboración público-privada, por lo que quieren “avanzar en la creación de un marco jurídico adecuado para promotores y gestores de vivienda en alquiler a precios asequibles” con el objetivo de poder “profesionalizar” una actividad que actualmente es mayoritaria entre particulares.

CIFRAS DE VIVIENDAS

Raquel Sánchez detalló que el programa de Sepes avanza en ocho actuaciones con una inversión total prevista de 1.100 millones de euros, de los que ya se han transferido partidas por importe de 258,8 millones de euros.

En cuanto a la cifra de viviendas, apuntó que el 60% de las 100.000 viviendas ya se encuentra “en desarrollo” y señaló que “a final de año” se elaborará una web para poder consultar su localización y su estado. “Muchas veces se nos dice que de las 100.000 viviendas no hay nada, vamos a hacerlo para que se puedan identificar estas viviendas, unas están habitadas y otras en proceso de construcción”, destacó.

Sepes “de momento” ejecutará en colaboración con la Secretaría General de Agenda Urbana y de Vivienda 17.319 viviendas “en colaboración público-privada mediante cesión de derechos de superficie”, situadas en suelos de propiedad de Sepes y que serán “urbanizadas” por la entidad.

De estas primeras 17.000 viviendas, 14.993 presentan una “gestión más avanzada” y su finalización se prevé entre el primer semestre de 2025 y el primer semestre de 2027. Estas se sitúan en Ibiza (Ca n'Escandell), Málaga (Buenavista Residencial), Sevilla (Cuartel de Artillería), Valencia (Cuartel de Ingenieros y Parque de Artillería), Mallorca (Son Busquets), Mahón y Madrid (Campamento). A estas se sumarán 2.718 viviendas cuya construcción se prevé iniciar en 2025 y estarán ubicadas en Dos Hermanas (Sevilla), Telde (Gran Canaria), Santa Cruz de Tenerife, Melilla Guadalajara, Navalcarnero e Ibi (Alicante).

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Además de las de Sepes, Sánchez apuntó que existen diferentes mecanismos de cooperación entre administraciones y sector privado. Así, más de 14.000 viviendas se llevarán a cabo “en coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos dentro del marco de los planes estatales de vivienda”; 9.849 serán fruto de convenios con los ayuntamientos; 20.000 procederán de los fondos europeos.

Asimismo, 15.000 viviendas proceden de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), a los que se sumarán entre 10.000 y 15.000 “gracias a los suelos que se pondrán a disposición”; otras 10.000 provienen del acuerdo firmado con las entidades bancarias para constituir el fondo social, con un acuerdo que se ha ampliado un año más alcanzando “pronto” las 11.000 viviendas, de las cuales hay operativas 10.411 viviendas y 9.831 “habitadas”.

Además, indicó sobre la colaboración público-privada que están hablando con el sector privado, con entidades del tercer sector y cooperativas y detalló que un modelo de desarrollo podría ser la puesta a disposición de un suelo y “a través de un derecho de superficie” el agente en cuestión podría “promover, construir y realizar la gestión de ese alquiler”.