En la pregunta, Barquero Vázquez se interesó por las "acciones que viene desarrollando el Gobierno español al objeto de simplificar y acelerar los trámites de extradición en los supuestos de terrorismo".

El Ministerio para las Relaciones con las Cortes le contesa recordándole un "innovador" proyecto que Tomás de la Quadra presentó el pasado mes de mayo a la Conferencia de ministros de Justicia de la CE que se celebró en Funchal (Portugal) y reiteró en la más reciente de Londres, en octubre.

El texto consta de ocho artículos y un preámbulo en que se expone su filosofía. Argumenta el Gobierno español que la figura de la extradición es "propia del siglo XIX" y que carece de sentido entre países (los Doce) que trabajan para abolir sus fronteras interiores (Acueros de Schengen).

Además, añade, los sistemas judiciales son "comparables" entre los Estados europeos y el grado de respeto a los derechos del hombre es homologable en todos ellos; lo contrario (el mantenimiento del actual trámite de extradición) "vendría a afirmar el principio contrario, es decir, el de la desconfianza, sometiendo a revisión la decisión judicial extranjera", según la respuesta de Relaciones con las Cortes al diputado del PP.

Para evitar esa situación, España propone que sea una "utoridad central" de cada país, "normalmente radicada en los Ministerios de Justicia con competencia para un control externo (extrajudicial) de la resolución extranjera", la que decida sobre extradiciones de delincuentes en rebeldía sobre los que pese orden de prisión preventiva o pena de cárcel ya firme.

CONTROL PARA LA JUSTICIA ESPAÑOLA

El Gobierno asegura que así se garantizan "decisiones rápidas" y se mantiene el principio de tutela judicial, ya que "el sistema judicial siempre interviene, pero n sólo sistema, el del Estado requiriente (caso de un etarra en Francia, la justicia española controlaría el proceso).

El texto también afirma que es necesario someter a revisión los criterios tradicionales de denegación o de condicionamiento de la extradición, tales como la doble incriminación (por el mismo delito en ambos países), prescripción del delito (en el Estado que debe concederla) o incluso nacionalidad del delincuente.

"Al Estado requerido", concluye la respuesta al parlamentario del P, "que confía en que todas las garantías están disponibles en el Estado requiriente, no debería importarle el que no exista un total paralelismo entre el tratamiento jurídico del hecho en el Estado requiriente y en el Estado requerido".