Así lo recoge el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2023 que su titular, Ángel Gabilondo, entregó este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y según el cual, además, la institución continuó tramitando quejas por la “negativa” de la Comunidad de Madrid a “incrementar” prestaciones en determinados supuestos.

Entre las “novedades” normativas de este ejercicio el informe destaca la aprobación del Real Decreto 675/2023, de 18 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, regulador de las prestaciones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

“Esta disposición incrementa las cuantías máximas de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), prestación vinculada al servicio, de asistencia personal y por cuidados en el entorno familiar”, apunta el Defensor, al tiempo que subraya que, además, “establece a nivel estatal, por primera vez, unas cuantías mínimas para esas mismas prestaciones”.

Junto a ello, explica que también modifica “varios aspectos referidos a la documentación a aportar con la solicitud de reconocimiento de la dependencia y a las condiciones en que se desarrollan los cuidados en el entorno familiar”.

En el curso de tramitación de las quejas con las distintas comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo “podrá ir comprobando cómo se incorporan estos cambios de alcance general por parte de cada administración”.

COMUNIDAD DE MADRID

En este contexto, respecto a la Comunidad de Madrid, el Defensor del Pueblo ha venido tramitando quejas por la “negativa” a incrementar la prestación vinculada al servicio en aquellos supuestos en que las empresas prestadoras “han aumentado su precio, o cuando se ha requerido una mayor intensidad de ayuda, y a pesar de que el aumento solicitado estaba en el margen de la cuantía máxima que el beneficiario podía llegar a recibir”.

“La administración mantiene que el artículo 57 del Decreto de la Comunidad de Madrid 54/2015, de 21 de mayo, solo contempla que se revise la cuantía mensual de las prestaciones económicas cuando se produzca una revisión de la capacidad económica del beneficiario o una revisión del grado de dependencia y no ha aceptado la Recomendación que el Defensor del Pueblo formuló sobre esta cuestión”, lamenta el informe.

Por su parte, en Canarias, durante 2023, se “normalizó” el reconocimiento de las prestaciones económicas vinculadas al servicio, “modificando” el criterio respecto a la responsabilidad de la Administración por la “demora” en el reconocimiento de derechos a favor de las personas fallecidas, “cuando hayan trascurrido más de seis meses desde la presentación de la solicitud y se puede acreditar la contratación y pago de un servicio”.

“La necesidad de este cambio de criterio había sido planteada por el Defensor del Pueblo desde hace años”, sentencia el informe.