Según Espacable, dicho texto legal es "injusto, monopolístico y atentatorio contra el libre mercado y la libre comptencia, así como desfasado con la realidad, que corre más deprisa, y por tanto que va a entorpecer más que a lograr el pleno desarrollo de la telecomunicación por cable".

Estos empresarios defienden las tesis del Partido Popular, respecto a la capacidad suficiente de los ayuntamientos para conceder las licencias de operadores de cable, alegan la defensa de los derechos de los 300.000 clientes con que cuentan, porque los sitúan en una posición ilegal.

A su juicio, la limitación mínima de dar serviio a 50.000 abonados por demarcación supone situar en la ilegalidad a la inmensa mayoría de oos operadores de cable que ahora hay en España, ya que les prohíbe esta actividad y tampoco les reconoce los derechos adquiridos.

También aseguran que se trata de una medida discriminadora de varias zonas del país, en donde la cara extensión de la red no hará rentable la actividad, y las dejará sin servicio, por no hablar de capitales de provincia con poblaciones inferiores a los 50.000 habitantes, como Cuenca Avila, Soria o Teruel en dónde no podrán tener su propia TV por Cable.

Para las "pymes" españolas de la TV por cable, esta limitación está pensada para favorecer a los grandes grupos empresariales y permitirles que hagan "el uso y el abuso de su fuerza y su potencia económica", ofreciéndoles ventajas legales.