Según Apolinar Rodríguez y Agustín Moreno, secretarios de acción sindical de UGT y CCOO, respectivamente, el nuevo borrador del proyecto de Ley de Salud Laboral entregado hoy por el Gobierno a los interlocutores sociales "sigue teniendo importantes deficiencias para los trabajadores".

Para Moreno, "en este momento, la posición de los empresarios es bastante retardataria en derechos laborales y sindicales, y la de la Administración no es lo suficientemente progresista como para que se pueda dr un acuerdo".

Precisó que aún confía en que sea posible un acuerdo, para lo cual los sindicatos reclaman la aplicación de mayores sanciones a los empresarios con responsabilidad en los accidentes laborales.

Apolinar Rodríguez, por su parte, manifestó que "sería un dislate que la Ley de Salud Laboral no fuera pro-trabajadores", y dijo que "en este momento, no lo es".

El secretario de Acción Sindical de UGT insistió en que esta ley no puede tener un carácter "pro-empresarios", sino de exigenca a las empresas, ya que "es una normativa para prevenir el riesgo y no para fomentar la accidentalidad".

Por su parte, el secretario de Realaciones Laborales de CEOE, Fernando Moreno, señaló que existen muchas discrepancias que impiden un acuerdo inmediato entre los interlocutores sociales y que "seguir negociando no tiene ningún sentido, porque las posturas de todas las partes están ya claras desde hace tiempo y están muy distanciadas".

Para el dirigente empresarial, "lo que tiene que hacer el obierno es finalizar las conversaciones y tomar una decisión sobre el proyecto de Ley de Salud Laboral ya, aprobarlo y mandarlo al Parlamento".

La CEOE se opone a que la ley endurezca las sanciones contra los empresarios. "No nos preocupa que se pongan responsabilidades a los empresarios, sino que no se den los instrumentos para desarrollarla", señaló Moreno.

El representante de CEOE opinó que "la prevención no es penalizar continuamente al empresario, el trabajador también debe tener su parte deresponsabilidad", y acusó a las centrales de querer lograr nuevos derechos y garantías sobre representatividad con esta ley, "para lo que ya está el Estatuto de los Trabajadores".

Jesús Arango, secretario general de Empleo, representante del Gobierno en las negociaciones, no quiso expresar su opinión sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo.