El recurso señala que la Comisión de Peticiones del Congreso acordó el 2 de marzo trasladar la petición de FORO al Ministerio e la Presidencia y a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja.

En opinión de Punset, la Comisión se inhibió de dictar resolución alguna y tan sólo se remite a darle trámite a otras instancias, con lo que la solicitud de FORO se queda suspendida "sine die" en la nebulosa de la tramitación burócratica.

Explica que la notificación de la Comisión de Peticiones niega la vigencia de la Ley 62/1960, reguladora del derecho de Petición, al afirmar: "El derecho de petición a las Cortes se encuentra recoocido en el artículo 77 de la Constitución. En el número 2 del citado artículo 2º se prevé que la forma y los efectos del derecho de petición habrán de ser determiandos por Ley. Dicha Ley no ha sido promulgada aún, por lo que esta materia tiene un gran vacío de regulación, y únicamente puede ser ejercida de acuerdo con la Constitución y con lo dispuesto en los artículos 49 y siguientes del Reglamento del Congreso..."

Añade que la Comisión de Peticiones del Senado notificó el pasado 13 de abril un acuedo análogo en su fondo al del Senado.

Punset señaló que a FORO "no le ha quedado más remedio que utilizar el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, como única vía de intentar demostrar lo que considera una violación del derecho de petición ante la negativa de aplicar la legislación vigente por parte de las Cortes Generales".

Los motivos argumentados en el escrito presentado por el presidente de FORO ante las Cámaras, en el que solicitaba la reforma de la Ley Electoral, se basan en la ontradicción que en su opinión existe entre el sistema electoral español con el derecho de participación contemplado en el artículo 23.1 de la Constitución.

En opinión de Punset, "las listas cerradas y bloquedas para el Congreso de los Diputados, el reducido tamaño de la mayoría de los distritos electorales, la representación mínima de cada provincia y el número insuficiente de representantes (350 actualmente) sobre los posibles contemplados en la Carta Magna (hasta 400 escaños), entre otros extremos,producen el efecto perverso, y por supuesto insconstitucional, de la vigente Ley Electoral".