Gómez explicó que, para qu la quiebra se produjese, tendrían que instar a ella el 40 por ciento de los acreedores (dos quintos), mientras que las principales deudas de IGS (dos tercios) recaen en PSV, UGT y sociedades filiales del propio grupo IGS, que no están dispuestas a esa solución.

Así, IGS adeuda a UGT 10.000 millones de pesetas y otros 8.700 millones a la propia PSV. Gómez se mostró partidario de llegar a un convenio de acreedores con una quita determinada o incluso a un convenio liquidatorio, en el que se vendieran toos los bienes de IGS y se repartieran entre los acreedores.

Esta última posibilidad se realizaría cuando todas las promociones de IGS hubieran firmado su segregación. Hoy, los interventores judiciales del juzgado de instrucción número 10 de Madrid entregaron su informe a la jueza Miriam Iglesias, que entiende de la suspensión de pagos de IGS, pero hasta dentro de unos tres meses no habrá una propuesta de convenio, según Gómez.

En cuanto IGS reciba el dictamen de los interventores, tendrá un plazode 15 días para cubrir la diferencia entre activo y pasivo. El administrador único de PSV indicó que IGS no puede llevarlo a cabo, por lo que previsiblemente la jueza Iglesias dictaminará la insolvencia definitiva de IGS y luego se realizará el convenio de acreedores.

Este proceso no perjudicará la construcción de las promociones dependientes de IGS, ya que entonces todas se habrán segregado. Actualmente, sólo la promoción de Montes del Canal no ha firmado la segregación, mientras que el resto ya han legado a un tipo de acuerdo (la última, la de Pavones, el pasado viernes).

Valeriano Gómez aseguró que, hasta ahora, han firmado acuerdos de segregación para 8.752 cooperativistas, tanto en PSV como en IGS, lo que supone un 70 por ciento del total. Todavía queda pendiente de acuerdo, aunque a punto de concretarse, la promoción de Valdebernardo, con más de tres mil socios.

La estrategia de PSV-IGS es conseguir realizar todos los acuerdos de segregación antes de que se produzca un convenio de acreeores (tanto en la cooperativa como en su gestora), de forma que el previsible embargo que dictará el juez Moreiras no afecte a la construcción de las viviendas. El embargo no tendrá efecto mientras IGS y PSV estén en suspensión de pagos, según Gómez.