En un comunicado, el sindicato recalcó que frente a una medida cautelar como es el embargo de sus bienes, debe prevalecer el derecho a la libertad sindica. A su juicio, dicha medida para cubrir la fianza de 42.000 millones de pesetas "podría suponer sin duda el colapso económico y financiero del sindicato".

"La medida desde nuestro punto de vista infringe el precepto constitucional, en tanto en cuanto, no se exponen criterios o circunstancias objetivas que justifican su adopción, en este momente procesal, que como establecen los autos de la Sala es de absoluta precariedad y provisionalidad", aseguró UGT.

El sindicato cree que se ha atendido exclusvamente a un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin atender los perjuicios que se pueden ocasionar o la afectación de un derecho fundamental.

También denunció un trato discriminatorio en comparación con otras sociedades, al entender la Sala que UGT es responsable civil subsidiario aunque tuviera un porcentaje accionarial minoritario en IGS (47 por ciento), ya que en su opinión este no es un motivo determinante de una relación de dependencia entre la sociedad y el titular de las acciones.

Además, UGT sigue considerando como "indeterminada" la cantidad sobre la que se marca la fianza y protestó por que no se haya tenido en cuenta el número de renuncias de reclamación civil presentadas en el juzgado.