Redondo, según informaron fuentes de la acusación particular, señaló que las personas que en UGT llevaban las cuestiones relativas a la PSV eran el anterior secretario de Finanzas, Paulino Barrabes, y su sucesor en el cargo, Sebastián Reyna.

El ex líder ugetista, aunque aseguró que no conocía al detalle la situación de la cooperativa de viviendas, sí reconoció que tuvo constancia de la mala situación de la PSV desde 1992.

La eclaración de Redondo proseguirá mañana, ya que esta tarde los letrados discutirán la situación creada por el recurso presentado por el abogado de Paulino Barrabés, José Federico de Carvajal, que pidió el traslado del caso al Tribunal Supremo, al estar inculpado en el sumario Javier Ledesma, vicepresidente de la Asamblea de Madrid y ex vicepresidente de PSV.

La salida de Redondo del edificio de la Audiencia Nacional volvió a ser saludada con gritos de apoyo por un grupo de ugetistas concentrados en ellugar para expresarle su solidaridad, aunque en un número inferior al de ayer.

Los afiliados y simpatizantes de UGT no tuvieron enfrentamientos de consideración con los grupos de afectados de la PSV que también se manifestaron ante la Audiencia, y que siguieron coreando eslóganes contra Redondo y contra la central socialista.

Por otra parte, José Antonio Montero, el abogado de los cooperativistas dados de baja en la PSV, reiteró la importancia del recurso que ha presentado pidiendo la suspensión el plan de viabilidad de la cooperativa y que fue aceptado a trámite por el juez.

Según Montero, su recurso plantea que hay puntos esenciales del plan que "no son factibles". Destacó que los actuales administradores están disponiendo de los bienes de los cooperativistas, cuando sólo les está permitido en principio, administrarlos.