Este recurso se unirá al que tienen previsto presentar esta noche ante el juzgado de guardia de Plaza de Castilla Miguel Bajo, defensor de Carlos Sotos, los responsables de la propia PSV-IGS y el sindicato UGT.

A juicio de José Federico de Carvajal y Marino Turiel, defensores de Barrabés, la valoración realizada por Moreiras no es real, pues no tiene en cuenta nilas aportaciones de los cooperativistas ni las inversiones realizadas por PSV-IGS en activos. Por eso, piden que el juez Enrech, que paralizó ayer la segregación de las promociones, entregue esos datos al juez de la Audiencia Nacional.

Según el texto del recurso, al que ha tenido acceso Servimedia, las cantidades desembolsadas por los cooperativistas son de 38.000 millones de pesetas y el valor de los activos adquiridos con estas aportaciones asciende a 31.000 millones.

La diferencia es, por tant, de 7.000 millones de pesetas, que a juicio de Miguel Bajo y José Federico de Carvajal, abogados de los acusados, quedó suficientemente cubierta por la aportación de UGT de 10.200 millones en metálico más un aval de otros 8.000 millones.

En consecuencia, los letrados rechazan que el perjuicio para las partes sea de 49.000 millones de pesetas. Además, añaden que de mantenerse esta fianza, "significaría una verdadera catástrofe", puesto que conllevaría la quiebra de PSV e IGS.

"De llevarse a cabo l auto que recurrimos, habría que embargar a PSV los bienes que se intentan asegurar y que pertenecen a los cooperativistas, por lo que la medida tendría un efecto 'boomerang' y resultarían gravemente perjudicados aquellos a quienes se intenta defender", añade el recurso.