El letrado explicó que el proceso se ha ralentizado porque Moreiras solicitó a la patronal bancaria, la AEB (Asociación Española de Banca), las cuentas del sindicato y de los particulare inculpados por el caso PSV, para proceder al embargo preventivo de sus bienes y cubrir la fianza de 42.000 millones impuesta por responsabilidad civil.

La AEB, a su vez, ha dado instrucciones a las entidades financieras para que contesten el requerimiento del juez, y éstas en su mayor parte aún no han contestado. Según Méndez Goas, el proceso hubiera sido más rápido solicitando esta información a Hacienda.

Francisco Méndez Goas indicó que la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de l demanda de amparo presentada por UGT no paraliza el proceso de embargo, que podrá llevarse a cabo hasta que no haya una decisión judicial firme del alto tribunal.

En su opinión, el Tribunal Constitucional rechazará este amparo, al igual que en su día rechazó la petición de libertad provisional para el ex gerente de PSV, Carlos Sotos.

UGT ha argumentado que el embargo preventivo atenta contra su derecho constitucional a la libertad sindical. Méndez Goas asegura que el embargo no afecta a las cuota de los afiliados sindicales, aunque sí a las subvenciones estatales, con lo que UGT debería poder seguir funcionando.

"La libertad sindical no se restringe por el embargo", añadió Méndez Goas, quien solicitó un funcionamiento autónomo de los sindicatos de las subvenciones estatales. El letrado recordó que la Audiencia Nacional ya se ha manifestado contra este argumento.