Dicho expediente, incoado el pasado 3 de junio, es consecuencia de dos solicitudes de investigación al presidente del ICAC, Ricardo Bolufer, realizadas por dicho promoción en los meses de enero y marzo de este año. La investigación la llevará a cabo el instructor Alfonso Villanueva.

De prosperar este expediente y confirmarse las irregularidades, el ICAC sancionaría económicamente a la auditora. La fecha prevista para la resolución e este organismo es del 15 de julio.

Esta sanción daría vía libre a demandas civiles de los cooperativistas contra Ernst & Young por daños y perjuicios, solicitando incluso que ésta se haga cargo de todos los gastos producidos por la suspensión de pagos, según las fuentes consultadas.

La promoción de Madrid Sur había solicitado por carta la revisión del ICAC al sostener que en la auditoría realizada a IGS y PSV por Ernst & Young durante 1990, 91 y 92 existió "negligencia profesional grave" por pate de esta empresa en el ejercicio de sus funciones.

El escrito del 14 de enero detalla que la falta de liquidez de PSV se desprendía de las cuentas auditadas, pero no fue reflejado en los informes de Ernst & Young. "El fondo de maniobra negativo del ejercicio 1990 era de 652 millones, en el ejercicio 1991 de 3.141 millones. Y en el ejercicio 1992 de nada menos que de 4.607 millones", afirma.

A juicio de Madrid Sur, la auditoría tampoco reflejó la existencia de 'caja única' entre las promociones e PSV, como el propio presidente del Infes, Juan José Barrera, reconoció en su día.

Por su parte, el presidente de UNCOPER (Unión de Cooperativistas y Perjudicados de PSV), José María Llorente, también denunció que en 1991 se traspasaron 5.000 millones de pesetas de la cuenta de los cooperativistas a IGS, gestora de PSV, sin que se pagaran intereses a los socios.

En su opinión, este traspaso, por el que se deberían haber abonado a los cooperativistas alrededor de 750 millones de pesetas, "podría esultar una apropiación indebida".