Según explicó a Servimedia Jesús Jiménez, defensor de Hernández García, su defendido ha presenado como bienes 1.100 acciones de una sociedad y un derecho de crédito (pagos a realizar) de 60 millones de pesetas. Por su parte, Bretón ha asegurado que sus propiedades son un piso en Madrid y una plaza de garaje.

No obstante, todavía queda la declaración de bienes de los otros dos inculpados, Carlos Sotos, que se encuentra en prisión, y la de Paulino Barrabés.

Sus abogados presentado un recurso de queja ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el auto del juez Moreiras en que éte fijaba la fianza, si bien dicho recurso no tiene carácter suspensivo, con lo que pueden ser llamados en cualquier momento para que declaren sus propiedades.

Tras la comprobación de las declaraciones, se procederá al embargo preventivo de sus bienes y se iniciarán los trámites para embargar también a UGT, responsable subsidiaria, ya que las propiedades de los acusados no cubren la fianza impuesta.

El embargo preventivo significa que se realizará una anotación en el Registro de la Propiedad paraque las propiedades no puedan ser transferidas. El embargo real se realizará una vez que haya sentecia en firme.

Este tipo de embargo implica que los afectados podrán seguir utilizando sus bienes hasta que haya sentencia en firme, pero éstos quedarán inscritos en los registros correspondientes como embargables, por lo que difícilmente podrán ser enajenados. Las cuentas corrientes, por su parte, estarán bloqueadas y todos sus movimientos controlados.

EMBARGO DE UGT

Jesús Jiménez aseguró que el ebargo preventivo de los bienes de UGT, como responsable civil subsidiario de la fianza de 42.000 millones impuesta por Moreiras por el asunto PSV, podría comenzar la próxima semana, una vez comprobado que las propiedades de los cuatro inculpados no son suficientes para cubrir dicha fianza.

El letrado se mostró convencido que no será necesario peritar las propiedades de los inculpados, ante la evidencia de que no cubren la fianza solicitada, lo cual acelerará el proceso para el embargo preventivo del sndicato, ya que IGS-PSV (también responsables subsidiarios) están protegidos por su estado de suspensión de pagos.