Esta intervención debería conllevar en su opinión la destitución del actual Consejo Rector de la cooperativa y el nombramiento de uno nuevo, y no eximiría de sus responsabilidades financieras al sindicato UGT sobre el agujero de la gestora IGS.

Cuatro de la decena de asociaciones que forman la Coordinadora llevarán esta solicitud a la reunión d próximo día 3 de enero, inicialmente convocada para organizar la manifestación del 23 de diciembre. Es en torno a ésta última fecha cuando puede hacerse la petición oficial, que las fuentes consultadas estimaron como "muy probable" que se lleve a cabo.

Cooperativistas de estas asociaciones aseguraron que esta petición "trata de dar fundamento jurídico a una situación de hecho", en referencia a la comisión interministerial que el Gobierno ha creado para tutelar el proceso de segregación de la cooperatva por promociones.

Las fuentes consultadas rechazaron las palabras del secretario general de Empleo, Marcos Peña, quien ayer afirmó que el Gobierno no es responsable de PSV, y a su juicio "sí tiene responsabilidad ya que la Ley de Cooperativas indica que es el encargado de velar por el desarrollo de las cooperativas".

Estas cuatro asociaciones, entre las que se encuentra Madrid Sur, van a personarse como acreedores en la suspensión de pagos de IGS, admitida por el Juzgado de Primera Instancia núero 10, para velar que los cooperativistas no sean aislados del proceso y se le reconozca sus deudas.

Para ello, ya están trabajando con un equipo jurídico en la preparación de su reclamación y en el momento que esté realizada piensan extenderla al resto de asociaciones, para que sea la propia Coordinadora la que se persone en la suspensión.