Sotos, que hoy ingresó en prisión por orden de Moreiras, manifestó que el dinero de los afectados de la PSV fue invertido legalmente, cantidades que, entregadas por los cooperativistas como depósito, ascendían a mile de millones de pesetas en 1991 y que ya no estaban el 21 de diciembre de ese año en la cuenta de Cajamadrid, donde eran ingresadas y a la que tenía acceso Sotos, según aseguró uno de los abogados querellantes.

Después de tres días de declaraciones ante el juez Moreiras y en contra de lo que manifestaron los abogados querellantes que presenciaron sus comparecencias, Sotos aseguró que no faltaba dinero de ninguna de las cuentas en las que los socios cooperativistas lo depositaban, y señaló que nunca haía acusado al sindicato UGT de desviar fondos de PSV.

El ex gerente de PSV indicó que las viviendas prometidas por la cooperativa no se habían construido por fallos en otras vías de financiación.