La petición ha sido formulada por el letrado José Federico de Carvajal, defensor de Paulino Barrabés en el caso de la cooperativa de viviendas PSV, vinculada al sindicato UGT, a través de un escrito presentado ante el juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en nombre de su representado. Recientemente, la titular de este juzgado, Teresa Palacios, comunicó a las partes personadas en el sumario abierto por el "caso PSV" la apertura del juicio oral y estableció en 18.587 millones de pesetas la fianza que deben depositar los siete acusados. Además, ratificó que UGT es, entre otros, responsable subsidiaria de esta fianza.

De Carvajal argumenta la solicitud de anulación de las fianzas en que IGS y PSV han procedido ya, a través de las nuevas promociones, a entregar las viviendas comproetidas dentro de los costes previstos para las viviendas de protección oficial, y en que, en los casos de baja, los demandantes han cedido sus créditos economicos al ICO, renunciando a cualquier reclamación de cantidad.

Según la información facilitada hoy por UGT, tan sólo quedan 16 casos por resolver, debido a dificultades de localización de los antiguos cooperativistas.

Junto al escrito presentado por De Carvajal en el juzgado, se adjuntan las fichas individualizadas explicativas de cada caso, xcepto las de 519 demandantes que no aparecen en la lista de socios y que, por lo tanto, a su juicio, no son acreedores económicos, desconociéndose los motivos por los que se unieron a la demanda.

Desde que se inició la instrucción del "caso PSV", según UGT, casi 2.000 demandantes han desistido de sus acusaciones, en coherencia con las renuncias aceptadas en su momento. La cooperativa PSV, que levantó la suspensión de pagos el 9 de octubre de 1995, está cumpliendo el convenio de acreedores con normaliad.