En concreto, la enmienda número uno "reconoce" la diversidad de acepciones que definen Cataluña en función "de los sentimientos identitarios de los catalanes".

"Coincidimos en que su comunidad tiene identidad nacional propia", dice la enmienda socialista. "Su historia, sus instituciones, su lengua y su cultura, su representación política democrática, entre otras características singulares, acreditan una voluntad colectiva de esa comunidad para reivindicarse en cuanto tal y para autogobernarse".

Aún así, prosigue la enmienda, el Grupo Socialista estima que la definición del artículo 1.1 del proyecto de reforma del Estatuto de Sau, el que define a esa comunidad como "nación" en lugar de nacionalidad, "no es compatible con el artículo 1.2 de la Constitución Española", y propone su retirada.

En consonancia con ello, el PSOE propone suprimir también cuantas referencias de "nación catalana" o "nacionales" se hacen en el texto, por "Cataluña" o "de Cataluña", respectivamente.

Y en cuanto a la referencia a la "realidad nacional occitana", referida al Valle de Aarán (artículo 11.2 de la propuesta remitida por el Parlamento de Cataluña), los socialistas quieren cambiarla por una expresión que aluda a una realidad "dotada de identidad, pero sin carácter nacional".

NADA DE "DERECHOS COLECTIVOS"

En otro orden de cosas, el Grupo Socialista quiere eliminar las alusiones a derechos históricos "que pudieran interpretarse como única legitimación y fundamento del autogobierno", puesto que es la Constitución la única fuente de ordenamiento jurídico vigente.

Por ello también propone quitar del artículo 4.1 la afirmación de que los poderes públicos de Cataluña deben promover, junto con los derechos individuales recogidos en toda la legislación nacional e internacional, los "derechos colectivos".

Los socialistas argumentan que ésa es una expresión "conceptualmente cuestionada" y, en ese mismo sentido, proponen, por ejemplo, que la ciudadanía catalana no le sea conferida a los "ciudadanos del Estado" residentes en la comunidad (artículo 7.1), sino a los "ciudadanos españoles" que allí residen.

IGUALDAD DE CATALAN Y CASTELLANO

Respecto a los derechos linguísticos, el PSOE plantea eliminar del artículo 32 de la reforma la validez automática de todos los "actos jurídicos" realizados en catalán.

El texto del Parlamento catalán dice: "los actos jurídicos realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales tienen, en cuanto lengua, plena validez y eficacia, sin que se pueda alegar desconocimiento". El PSOE propone eliminar la coletilla "sin que se pueda alegar desconocimiento".

Se matiza la generalización del catalán en las administraciones suprimiendo del artículo 6.1 la referencia a que "todas" las administraciones deben usarla preferentemente; se cambia el 6.2 para que el "deber" de conocer el catalán sea de "los ciudadanos de Cataluña" no de "todas las personas de Cataluña", tal y como está redactado ahora.

Del artículo 33.5 se suprime la obligatoriedad de cualquier administración, incluida la estatal, a admitir escritos en catalán. Se incluye una mención a que los escritos en cualquiera de los dos idiomas tienen "plena eficacia jurídica".

Igualmente, se sustituye la obligatoriedad de conocer el catalán para jueces y magistrados por un "se valorará" su conocimiento para acceder a una plaza en el territorio.