Así consta en el documento titulado ‘España avanza. Una nueva coalición de Gobierno progresista’ presentado este martes y rubricado por el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.

Respecto a los impuestos extraordinarios a los bancos y las energéticas, el documento compromete el mantenimiento de ambos más allá de 2024, que era el periodo temporal inicialmente diseñado, “para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar”.

El impuesto a la banca grava, tal y como está, grava el 4,8% de los ingresos por margen de intereses y comisiones netas para aquellas entidades que cerrasen 2019 con más de 800 millones por ambos conceptos.

En el caso de las energéticas, tienen la obligación de pagar aquellas compañías que registrasen una cifra de negocios por encima de los 1.000 millones de euros en 2019. El importe es del 1,2% de su cifra de negocios.

Relacionado con el sector financiero, el acuerdo también recoge la puesta en marcha de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que quedó en suspenso por la convocatoria de elecciones generales y la garantía de que no se cobrarán comisiones por retirar efectivo en ventanilla. También propone, en coordinación con el Banco de España, un plan para evitar la exclusión financiera de algunos colectivos sociales y las consecuencias derivadas del cierre de oficinas y cajeros en los territorios con menor población.

REFORMA FISCAL

El pacto recoge una reforma fiscal “para mejorar su progresividad y acortar la brecha de ingresos sobre el PIB respecto a la media europea (46% del PIB) al final de la legislatura”. Dicha reforma estará orientada a lograr que “contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital, principalmente) y quienes incumplen con sus obligaciones tributarias”, recoge el texto.

Con ella “se alcanza el 15% efectivo de tributación sobre el resultado contable de las grandes empresas en el impuesto de sociedades en los términos acordados a nivel global y en la UE”.

Sobre el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, PSOE y Sumar evaluarán sus resultados con el objetivo de “avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.

En fiscalidad verde, el documento se basa en la premisa de “quien contamina paga”, pero evitando “que el que pueda pagar siga contaminando”. Irá acompañada de medidas compensatorias, bien en la imposición directa o bien en las políticas de gasto, para incentivar “los cambios necesarios entre las clases media y trabajadora, teniendo siempre en cuenta sus efectos distributivos, y estableciendo mecanismos de compensación”. Del mismo modo, se evaluarán los incentivos en vigor para impulsar la eficiencia energética, la sostenibilidad medioambiental y la economía circular.

A este respecto, también se prevé mejorar la fiscalidad de autónomos y pymes, aumentando los incentivos para impulsar su apuesta por la transición ecológica y digital.

Igualmente, plantea mejorar los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados tanto en el IRPF como en las políticas de gasto.

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, PSOE y Sumar prometen un pacto de Estado con “todas las fuerzas políticas, agentes sociales y profesionales del ámbito fiscal”, un plan de medidas específicas y reforzar y modernizar los recursos y la plantilla de la Agencia Tributaria. Reforzarán igualmente los mecanismos para regularizar la economía sumergida, “eliminando las ventajas competitivas de los que abusan del sistema”.

También se comprometen a desarrollar un Plan de Fiscalidad Saludable “para convertir las políticas fiscales en un activo para la salud, especialmente sobre aquellas conductas que son causa de la obesidad infantil”; a culminar la tramitación de la Ley de Apoyo al mecenazgo e impulsar una herramienta personalizada para que cada español sepa exactamente a qué se destinan los impuestos que paga.

Por último, sobre las reglas fiscales, el acuerdo pretende impulsar la reforma, en la que se encuentra inmersa la UE y que el Gobierno pretende que se apruebe antes de que finalice el año.