Eguiagaray hizo estas declaraciones durante la comparecencia en el Congreso del ministro de Economía, Rodrigo Rato, para explicar la petición de los servicios jurídicos del Estado y del fiscal de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, de que fuera sobreseido el caso de las cesiones e crédito.

Según el dirigente del PSOE, del repaso del sumario se desprende que el Ministerio de Economía ha utilizado los servicios jurídicos del Estado para proteger a destacados miembros del PP que figuran entre los imputados en el sumario, además de evitar el procesamiento de los responsables de la entidad bancaria.

"No diré", añadió Eguiagaray, "que no sea esto un pago de su apoyo al PP o un escandaloso intento de ocultar las pruebas palmarias de miembros del PP en casos de fraude y financiaión ilegal".

El diputado socialista se refería con sus manifestaciones a la supuesta implicación en el caso de las cesiones de crédito de Fernando Cartagena, ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana, entre otros miembros del partido.

"Usted", dijo, "está instrumentalizando los servicios jurídicos del Estado en beneficio de su partido" y opinó que "pocas veces la actuación del Estado ha estado más sometida a sospechas por intento de ocultación".

También fue duro con Rato elportavoz de Economía de Iniacitiva per Catalunya (IC), Joan Saura, quien dijo que las actuaciones del fiscal y de los servicios jurídicos del Estado se deben a que las actuaciones judiciales emprendidas por la jueza Teresa Palacios en la Audiencia Nacional estaban reactivando un sumario dormido desde la celebración de las elecciones generales.

Dichas actuaciones, agregó Saura, suponían la elaboración de varios informespericiales en los que se demuestra que miembros del PP emplearon testaferros para nofigurar como titulares de las cesiones de crédito, y que los responsables del Banco Santander ocultaron información en la instrucción del sumario y comercializaron las cesiones de crédito como un producto financiero fiscalmente opaco.

Rato rechazó las acusaciones lanzadas por los dos partidos de izquierda, y se limitó a rechazarlas explicando que su Gobierno no ha intervenido en las decisiones de los servicios jurídicos del ha intervenido ni en las actuaciones de los servicios jurídicos del Estado ni e los fiscales, y reporochó al PSOE que el único informe del Ejecutivo recomendando una posición sobre este asunto fuera elaborado por la secretaría de Estado de Justicia delúltimo Gobierno socialista cuando ya estaba en funciones.