En una de las preguntas planteadas en su escrito, el Grupo Socialista se interesa por "cómo garantiza el Gobierno que la asignación tributaria en favor de la Iglesia Católica se destine a sus fines legales y no a financiar actividades mediáticas, que en algunos casos han pdido comprometer, afectar o rozar los límites de la seguridad del Estado, y en muchos más el honor, la dignidad y los derechos fundamentales de las personas".

El Grupo Socialista pregunta asimismo "qué cantidades provenientes de la asignación tributaria a la Iglesia Católica se destinan a retribuir trabajos o actividades pastorales, o al pago de retribuciones del culto y clero adscrito a la COPE".

Asimismo se interesa por los beneficios fiscales, exenciones y subvenciones, en aplicación de las prvisiones del acuerdo de 3 de enero de 1979 de Asuntos Económicos celebrado entre la Santa Sede y el Gobierno Español, recibe la cadena de radiodifusión COPE.

El PSOE pregunta también si "piensa el Gobierno incrementar el porcentaje de la asignación tributaria en favor de la Iglesia Católica" y si "obedecería la medida a los altos servicios prestados al Gobierno por la cadena de radio COPE".

Otras preguntas planteadas por el Grupo Socialistas son:

- A cuánto asciende la cantidad correspondiene a la Iglesia católica, procedente de la aplicación del porcentaje del 0,5239 por ciento del IRPF durante 1995 y 1996

- Qué porcentaje de declaraciones optaron expresamente por asignar el 0,5239 del IRFP con destino a la colaboración al sostenimiento económico de la Iglesia Católica, del conjunto de las declaraciones, en cada uno de los periodos impositivos de 1995 y 1996.

A efectos de fiscalizar el destino de las subvenciones y de los fondos públicos que recibe la Iglesia Católica, el Grupo Socalista solicita la Memoria de los tres últimos ejercicios. Esa Memoria está contemplada en los acuerdos sobre Asuntos Económicos entre el Gobierno Español y la Santa Sede.

ATENTADO A LA DIGNIDAD

El diputado Alvaro Cuesta, autor de estas iniciativas, manifestó que "es muy lamentable que con fondos públicos se financien campañas que atentan contra los derechos fundamentales y actuaciones en determinados medios de comunicación que son un gravísimo atentado al derecho al honor y a la dignidad de las peronas".

Agregó, a la vista de la respuesta que ha escuchado de monseñor Sánchez, que "en la medida en que la Conferencia Episcopal no condene este tipo de prácticas, es más las califique como prácticas que están en el uso de la libertad de expresión, la Conferencia Episcopal y el concreto el señor Sánchez son no solamente complices sino colaboradores necesarios de una determinada estrategia impresentable que atenta y viola derechos fundamentales de la persona".