Así se expresó González en el debate en el Pleno de la Cámara Baja sobre la admisión a trámite de esta iniciativa del PP, al pedir al principal partido de la oposición que si llega al Gobierno no “machaque” la hoja de ruta establecida. “La regulación ya está en marcha y la ruta ya es una realidad”, añadió González, quien pidió “no dar bandazos ni giros" como el que proponen.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PP Juan Diego Requena destacó que se trata de la primera ley de este tipo debatida en un parlamento europeo y defendió que “no existe ningún motivo para no permitir su tramitación excepto la hipocresía”.

Además, valoró que dará “señales claras a la industria, al mercado y al planeta”, por lo que se felicitó porque “el PP se anticipa a los problemas del futuro”. “Es necesaria para que España sea el primer país Europeo en crear una economía del hidrógeno”, concluyó.

Tampoco se mostró favorable el diputado de Vox Julio Utrilla, quien advirtió al PP de que “crear un marco jurídico deprisa y corriendo puede generar más confusión que la que ya existe habitualmente”, y añadió que su propuesta “está poco desarrollada y es poco concluyente”.

Otras formaciones como Ciudadanos criticaron que la propuesta del PP no tenga en cuenta que España deberá trasponer una directiva europea sobre esta materia y algunos grupos nacionalistas rechazaron que invada competencias autonómicas.

Con esta norma, el PP persigue terminar con las incertidumbres sobre el papel que puede desempeñar el hidrógeno en la matriz energética del futuro y que pueden condicionar o limitar el desarrollo de este mercado en España.

A este respecto, el PP sostiene que el hidrógeno supone una apuesta para la economía española que puede generar valor económico y beneficios medioambientales e impulsar la innovación y el crecimiento de una base industrial en el país.

La proposición de ley del hidrógeno, explica el PP, pretende crear un marco jurídico claro, concreto y preciso, que dote de seguridad jurídica y certidumbre a los inversores, mediante una propuesta legislativa pionera a nivel internacional, que permita ordenar jurídicamente el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno en la economía española.

También pretende cumplir con los compromisos medioambientales y energéticos, así como aportar un diferencial de competitividad, modernidad y de generación de empleo de calidad.