En concreto, la iniciativa contempla modificar el artículo 187 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal de manera que, entre otros aspectos, “se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado anterior”.

Además, la proposición de ley recoge que “el que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses”.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, en una rueda de prensa en Ferraz, se mostró “convencida” de que los socialistas conseguirán sacar adelante esta iniciativa registrada después de que se viera frustrado su intento de abolir la prostitución a través de la conocida como 'ley del sí es sí’.

“No tengo la menor duda de que algunos grupos ya no tendrán excusas, no podrán decir que no es la ley”, aseguró Lastra en respuesta a los que criticaron que el PSOE incluyera este asunto en la Ley de Libertad Sexual. Con la nueva iniciativa, dijo, ahora el “debate es bastante sencillo” y se responde con un sí o un no sobre la abolición.

“Estoy convencida de que más pronto que tarde la abolición será una realidad en nuestro país y que no estamos solas, porque tenemos el apoyo mayoritarios de todos el movimiento feminista” y, también, de algunos grupos de la Cámara.

Lastra sustentó este apoyo parlamentario en que, en una proposición no de ley debatida y votada en febrero de 2019 y en la que se apostaba por la abolición, la iniciativa salió adelante por 231 a favor y 110 abstenciones y ningún en contra. La división entonces se produjo en Unidas Podemos donde parte del grupo se mostró a favor de la abolición y otra por la regulación.

La norma que busca aprobar el PSOE también recoge que “el hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico, será castigado con multa de 12 a 24 meses”, si bien, en otro punto se aclara que “en ningún caso será sancionada la persona que este en situación de prostitución”.

Lastra expuso este punto en la rueda de prensa cuando se le preguntó por si se perseguía a la persona prostituida y cargó contra los que “juegan a la desinformación” y sin “intoxicadores profesionales” porque ninguna de las acciones de los socialistas “perseguía a las mujeres” y sí “a los proxenetas y a los que se lucran de la prostitución ajena”.

Los socialistas incluirán esta iniciativa en el primer Pleno del Congreso en el que tiene ‘cupo’ en el mes de junio de manera que confían en que salve la toma en consideración y comience inmediatamente la tramitación parlamentaria para que sea una realidad a final de año.