El documento, de ocho páginas, planea inicitivas sobre seguridad alimentaria, política migratoria, justicia, política económica, educación, seguridad para los ciudadanos, violencia de género y discriminación de la mujer, Plan Hidrológico Nacional, Política Exterior y vivienda.

Comienza con dos frases confrontadas, una del presidente del Gobierno, José María Aznar, y otra del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.

La frase de Aznar dice: "Yo, nosotros, tenemos un proyecto para 10 años. Lamento dar un disgusto a lgunos, pero es un proyecto al menos para los 10 años en que España se la juega para estar entre los mejores países del mundo". Mientras que la de Rodríguez Zapatero señala que "en España van tomando cuerpo 10 problemas que no pueden esperar 10 años porque afectan a la seguridad, la confianza y el progreso de España".

PROPUESTAS

Las propuestas socialistas frente a esos diez problemas son:

- Seguridad alimentaria ("vacas locas"): Aportación de 100.000 millones de pesetas para hacer posible la repuesta a la crisis; información de la EBB con carácter uniforme para todo el territorio nacional, a todos los hogares; plan de Estado para todo el territorio que garantice la retirada eliminación; plan de Gobierno para hacer posibles 10.000 test semanales; adaptación de la política agraria a la nueva situación, y adoptar las medidas necesarias para garantizar el futuro de los sectores afectados.

- Política migratoria: Pacto de Estado basado en el consenso político y en el diálogo social que se expresea través de una legislación que respete los derechos humanos; integración como objetivo esencial de la política migratoria y gestión de los flujos migratorios.

- Justicia: Pacto de Estado por la Justicia que garantice un mejor y más eficaz servicio público a los ciudadanos; dotación presupuestaria hasta alcanzar, en los próximos 4 años, un 2% de los Presupuestos Generales del Estado. El Consejo General de Poder Judicial deberá responder de su gestión ante la Cámaras.

- Una política económica paralos ciudadanos: rebaja de las tarifas eléctricas en 2001 no inferior al 7,5 por ciento, establecer el derecho de elección de compañía antes del 1 de marzo, reviar el marco regulatorio del sector eléctrico, adoptar medidas para incrementar el ahorro energético, mejorar el transporte público, establecer un gasóleo profesional, establecer exacciones tributarias para las empresas titulares de licencias de móviles UMTS y establecer normas de obligado cumplimiento para quienes presten servicios de telefonía.

Además, los socialistas piden una tarifa plana de acceso a Internet de 3.000 pesetas al mes, la potenciación del Tribunal de Defensa de la Competencia, la compensación a los funcionarios por la desviación de la inflación en 2000, el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación salarial de los funcionarios en 1997 y la elevación de un 5 por ciento de las pensiones mínimas y de un 8 por ciento las de orfandad.

- Educación: aprobación de una Ley de Calidad e Igualdad enla Educación, incremento de inversiones en educación para garantizar la igualdad de oportunidades, ecololarización solidaria para alumnos con necesidades especiales o procedente de minorías étnicas y culturales.

- Seguridad para los ciudadanos: promover las reformas necesarias para que las Fuerzas de Seguridad puedan garantizar con más eficacia la protección de personas y bienes, coordinar los distintos cuerpos y mejorar la red viaria para reducir el peligro de accidentes. Asimismo proponene que se cupla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, elevar la calidad delos empleos y definir un Sistema Nacional de Formación.

- Violencia de género y discriminación de la mujer: aprobación de una Ley Integral contra la Violencia de Género, crear una delegación del Gobierno contra la violencia de género e impedir la discriminación de la mujer en el mundo laboral.

- Plan Hidrológico Nacional: diseñar una política de agua de acuedo con una ordenación del territorio equilibrada y sostenible, garantizar l uso racional del agua, revisar y coordinar los planes de cuenca y el Plan Nacional de Regadíos, reformar las confederaciones hidrográficas y actuar urgentemente para permitir las transferencias entre cuencas.

- Política exterior: basar la política exterior en la presencia e influencia de España, con relaciones bilaterales simétricas, de respeto y confianza, exigir al Reino Unido el traslado del submarino Tireless y definir un proyecto de España para Europa con objetivos concretos.

- Vivienda: rforma de las normas urbanísticas para disponer de más suelo asequible, incrementar el patrimonio público de suelo, dar prioridad a las actuaciones de regeneración urbana e incentivar el mercado de alquiler y promoción de viviendas públicas para jóvenes.

Todas esta iniciativas se hacen necesarias, según el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, ante la inoperancia del Gobierno, que está "limitando libertades y derechos", "quiere meter en cintura a los jueces", "no nos hace sentir más seguros","no está mejorando la calidad de vida de los españoles ni la redistribución de la riqueza", ni defiende adecuadamente la soberanía y el prestigio de España.

Caldera insistió en que la presentación de alternativas y la disposición al diálogo son constantes en el PSOE y advirtió al presidente del Gobierno, José María Aznar, de que no podrá sacudirse este ideario calificándolo símplemente de "disparate".

Los socialistas no han evaluado el coste de todas estas iniciativas, aunque muchas de ellas "no endrán un coste muy elevdo", dijo Caldera, sino que dependen más bien de la aplicación de una buena gestión.

Una de las reformas estrella de esta propuesta es la referida al Consejo General del Poder Judicial, cuyo presidente debería presentar en el Parlamento su programa de gestión y rendir cuentas de él, para recabar la confianza de la Cámara.

Esta propuesta no significacía necesariamente ninguna reforma en el modo de elección del órgano de gobierno de los jueces que ahora radica en la Cortes. En este sentido, Caldera advirtió al Ejecutivo de que si pretende traer al Congreso una reforma del sistema de elección del Consejo, éste no podrá ser aplicado antes de junio, fecha en la que ha de renovarse la composición del CGPJ, porque "no hay tiempo material para la tramitación de una ley orgánica en este período de sesiones".