La iniciativa socialista pretende "hacer efectivo el derecho al pleno desarrollo de su personalidad, su formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y el ejercicio de los derechos constitucionales y la adquisición de los hábitos intelectuales y técnicas de trabajo que les permitan su total inserción y participación en la vida social y cultural".

A tal efecto, el PSOE defiende el reconocimiento de la Lengua de Signos Española (englobando las diferentes lenguas ofciales, así como las diversas variedades lingüísticas) como la lengua propia y natural de las personas sordas en España.

Según esta iniciativa, se garantizará la presencia de intérpretes de la Lengua de Signos Española en la prestación de los servicios públicos cuya función primordial sea hacer efectiva la realización de los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos.

En el ámbito educativo, la Lengua de Signos Española formaría parte del currículo del sistema de enseñanza, con el fin e asegurar el derecho al bilingüismo de las personas sordas y el acercamiento a esta lengua por parte del resto del alumnado como una opción de estudio.

Asimismo, se fomentará la accesibilidad de las personas sordas a los bienes y servicios ofertados al público, promoviendo la eliminación progresiva de las barreras a la comunicación que afectan a estas personas. Además, se promoverán y apoyarán todas aquellas acciones que tengan como objetivo la investigación, el estudio, la estandarización y la difusón de la Lengua de Signos Española.

De acuerdo con la proposición del PSOE, en los Presupuestos Generales del Estado se dotarán anualmente las partidas necesarias para la aplicación y desarrollo de esta ley, convenidas y distribuidas entre las comunidades autónomas y las corporaciones locales en función de sus competencias.

Con carácter anual, el Gobierno remitirá a las Cortes un informe sobre el grado de desarrollo de la ley y los resultados conseguidos en su ejecución. El Gobierno deberá desarrllar, en un plazo de seis meses, lo dispuesto por esta ley, previa elaboración de un "plan de trabajo" en la que se dará participación a la organización de ámbito estatal más representativa de las personas sordas y de la Lengua de Signos Española.