El motivo de la disputa es el ayuntamiento asturiano de Pravia, donde el Grupo Popular ha presentado, juno a varios tránsfugas, una moción de censura contra el alcalde sociailsta que se debatirá el próximo 18 de diciembre.

El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Alvaro Cuesta, denunció que esta moción de censura no sería posible con el acuerdo antitransfuguismo, entre otras cosas porque ese pacto obliga a tener un respaldo mínimo de dos tercios para presentarla en el último año anterior a las elecciones municipales, lo que no ocurre en Pravia.

El argumento dado por el PP asturiano, egún Cuesta, es el intento de "unificar al centro derecha" ante las elecciones de 2003, para lo que quieren aglutinar en sus listas a los concejales que resultaron elegidos bajo las siglas de Unión Reformista de Asturias (URAS).

Los hechos acaecidos en las últimas semanas en este ayuntamiento fueron explicados por Cuesta al propio Arenas en dos cartas enviadas los días 5 y 10 de este mes, en las que le pedía que corrigiera esta actitud de su partido para poder rubricar el acuerdo contra el transfuguiso.

"HIPOCRESIA"

Pese a compartir el objetivo del acuerdo, Cuesta aseguró que la actitud del PP supone una "deslealtad grave" hacia su contenido, y su firma en estas condiciones es "una auténtica mascarada, un acto de hipocresía".

Cuesta fue más allá en sus críticas a Arenas al asegurar que "se ha hecho la foto como hombre garante de la lucha contra el transfuguismo" en su papel de ministro de Administraciones Públicas, mientras lo viola como secretario general del PP.

Arenas reconoció despés en una rueda de prensa que el acuerdo no permitiría una moción de censura en las condiciones de las de Pravia, pero añadió que lo ocurrido en un solo ayuntamiento no puede condicionar un acuerdo global válido para todos los consistorios españoles.

Denunció además que el alcalde socialista de Pravia gobernaba con el apoyo de un tránsfuga del PP, aspecto desmentido desde el PSOE. Los socialistas aseguran que su alcalde gobernaba con el único concejal del PP que respetó el acuerdo de Gobierno alcanzad tras las elecciones y que rechazó el mandato de su partido para presentar una moción de censura.

El acuerdo, que se plasmará en una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, impide la presentación de mociones de censura durante el primer año de mandato del alcalde, y exige un respaldo mínimo de dos tercios para hacerlo durante el último año.

Se exige además el voto nominal y público en las mociones de censura y en la elección de alcalde, y se regula la figura del "no adscrito" como l miembro de una corporación local que ha sido elegido en una candidatura electoral abandona su grupo político.