Así lo aseguró hoy en rueda de prensa el portavoz del Grupo, David Lucas, quien avanzó que si el Tribunal de Cuentas ve irregularidades en este contrato, no descartan emprender acciones judiciales y exigir responsabilidades al Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

Lucas explicó que en diciembre de 2005 el Gobierno municipal contrató los servicios de la Fundación de Derechos Civiles para la gestión indirecta de la Agencia de Alquiler a través de un contrato de consultoría y asistencia, cuando en realidad esta fundación realiza un trabajo de gestión de la política de alquiler del Consistorio.

Según Lucas, en total y sin contar con las repercusiones a nivel patrimonial (las oficinas de la agencia son propiedad municipal), el contrato ha supuesto un coste desde 2005 de 11,59 millones de euros, "lejos de lo inicialmente previsto, que rondaba los cuatro millones de euros".

Entre las posibles irregularidades, el PSOE señala que el objeto del contrato no se corresponde con la calificación del mismo, ya que esta fundación realiza un trabajo de gestión de servicios públicos y no de consultoría y asistencia; y que se ha modificado el contrato dos veces (en 2007 y 2008) sin que concurran, a su juicio, los requisitos que exige la Ley de Contratos.

Lucas aseguró que estas modificaciones han supuesto, entre otras cosas, un aumento "injustificado" del número de trabajadores de la agencia en 18 nuevas personas, totalizando 68 empleados, frente a los 20 trabajadores que ofertaron otras empresas que concurrieron al concurso del contrato; y aumentar el importe del contrato en 1,1 millones de euros más.

PAGO DEL IVA

Además, el Grupo Socialista quiere saber si la adjudicataria de este contrato está exenta del IVA, ya que no lo ha pagado jamás "pese a que nosotros pensamos que está obligada a ello". Lucas denunció también que el Gobierno municipal ha estado pagando mensualmente a la citada fundación a pesar de que ha habido periodos en los que no ha realizado trabajo alguno.

Por todo ello, Lucas considera que el contrato con la Fundación de Derechos Civiles para la gestión de la Agencia Municipal de Alquiler es "una sucesiva presunta acumulación de irregularidades", y quiere que el Tribunal de Cuentas se pronuncie al respecto.

Explicó que ya llevaron este asunto a la Comisión de Vigilancia de la Contratación y no les aclararon nada; y que entonces ya constataron la poca experiencia de esta fundación en las políticas de vivienda y labores de intermediación en viviendas vacías, ya que anteriormente se dedicaba a cuestiones de derechos civiles y a servicios de consultoría e intermediación.