En ambos casos, las denuncias periodísticas apuntan a la vulneración de la ley de incompatibilidades de altos cargos, que impide contratar obras co conyuges y familiares.

Daniel Barata, ex consejero de Cultura y en la actualidad diputado autonómico y asesor personal de Fraga, contrató con una empresa que pertenece a un amigo íntimo y en la que tuvo participación su propia mujer, María Esther Martínez, la realización de la mayor parte de los proyectos de la Consejería de Cultura durante los años 92 y 93, por un importe de más de cien millones de pesetas, según una información del diario "El Mundo".

En ese bienio, Barata, que se encuentra de iaje en América para preparar un próximo viaje de Fraga, fue miembro del Gobierno gallego.

Fuentes de la Xunta informaron a Servimedia que la esposa de Daniel Barata vendió su participación en la sociedad Proyectos Atlas, adjudicataria de los proyectos, un mes después de que su marido fuese nombrado consejero del Gobierno Fraga, en marzo del 90, y casi dos años antes de que la empresa recibiera los encargos del Ejecutivo.

La Xunta, sin embargo, dio instrucciones a la inspección general de servicis para que abra una investigación para comprobar si se produjo alguna irregularidad en el proceso.

El socio mayoritario de Atlas, Juan Manuel Ferreiro, reconoció a "El Mundo" ser amigo íntimo de Daniel Barata, aunque señaló que no había nada irregular en las adjudicaciones. Fuentes de la Xunta apuntaron a Servimedia que, en una comunidad pequeña como Galicia, la relación de amistad podría darse en muchos casos y no prejuzga la licitud o ilicitud de una acción.

La otra denuncia periodística por laque el PSOE reclama comparecencias del Gobierno gallego implica al actual director general de Juventud, Santiago Camba, quien contrató a su esposa, Graciela Prada, para realizar el proyecto y dirigir una obra de su departamento, según información que publica hoy "El País".

Santiago Camba era director general de Juventud y dependía de la Consejería de Cultura, que dirigía entonces Daniuel Barata. Ahora sigue ocupando ese mismo cargo, pero en la Consejería de Familia, Mujer y Juventud. Camba asegura en l citado diario que actuó dentro de la legalidad, dado que los contratos de la administración gallega con la arquitecta Graciela Prada se realizaron antes de la boda. Ella, después se limitaría a cumplir el contrato.

La Xunta informó que la contratación no fue efectuada por el director general de Cultura, que no tenía capacidad legal para ello, y se hizo antes de la boda. El Ejecutivo también ordenó una investigación interna sobre estas denuncias.