Los querellantes denuncian la presunta utilización fraudulenta de fondos públicos, abuso de la función pública en el nombramiento de cargos y contratación de personas, falsedad documental, asociación ilícita y modificación del Censo Electoral de Formentera para introducir en el mismo a personas ajenas a la sla que no reunían los requisitos legales para su inscripción en dicho censo.

Todo ello se habría hecho, según los denunciantes, dentro de un plan preconcebido y diseñado por el entonces presidente del Gobierno balear, Jaume Matas, y por su consejera de Presidencia, Rosa Estarás, con el fin de que el Partido Popular obtuviera en Formentera unos votos que pudieran decantar a su favor el escaño que corresponde a la citada isla en el Parlamento autonómico.

Según declaró hoy el parlamentario balear idependiente Santiago Ferrer, tras presentar la querella en el Supremo, los querellados diseñaron un plan para obtener votos provenientes de emigrantes españoles o de sus descendientes con residencia en Argentina y Uruguay, a pesar de tratarse de personas que, según Ferrer, nunca habían estado en el Censo Electoral de la isla.

Los firmantes de la querella aseguran que el actual ministro Matas creó un nuevo departamento dentro del Instituto Balear de Desarrollo Industrial, a través del cual se contratódos personas para instrumentalizar los votos de los emigrantes. Posteriormente, personas sin ninguna relación con la isla se inscribieron en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) con el fin de votar al Partido Popular.

Además de contra Jaume Matas y Rosa Estarás, la querella está dirigida contra otras doce personas que, según los querellantes, también están implicadas en el supuesto fraude electoral. Su presentación ante el Tribunal Supremo se debe a la condición de aforados de algunos de os querellados.