El Ejecutivo culpa a los funcionarios por no cumplir las normas de seguridad mínimas en la prisión y asegura que el funcionamiento de los sistemas de seguridad fue correcto, en su respuesta a una pregunta planteada por el senador del PSOE diez días después de las fugas.

Sin embargo, Juan Antonio Arévalo entiende que el Gobierno debería aclarar qué es lo que se ha probado en el expediente disciplinario que se abrió a los funcionarios y miembros de la Guardia Civil iplicados.

A juicio del senador socialista, si, como afirma el Gobierno, ese día "la cobertura del servicio de vigilancia interior era la habitual, estando cubiertos todos los puestos de trabajo con 37 funcionarios, 1 auxiliar, 1 jefe de centro y 2 jefes de servicio", resulta extraño que entre todas las personas implicadas en la vigilancia, 42 exactamente, "ni una sola hiciera caso y todas se desentendieran del zumbido de una alarma que, si funciona bien, sólo salta cuando se produce una evasión".

El portavoz socialista en la Comisión de Interior del Senado no entiende por qué fue apagada la alarma sin realizar comprobación alguna. A su juicio, "no es creíble que sólo fuera por desidia de las personas encargadas de la vigilancia, máxime cuando parece estar desechada la complicidad", de la que en ningún momento habla el Gobierno en su respuesta, según Arévalo.