En el plan de trabajo de los socialistas se descartan por ahora cargos políticos e institucionales y se centran en los órganos fiscalizadores de distintas comunidades autónomas.

Así, además de a Chicano, el PSOE quiere oír las explicaciones de quien presidía en pandemia el tribunal de cuentas y organismos con el mismo fin de Canarias, Cataluña, Madrid, Galicia, Andalucía, Asturias, Baleares, Castilla y León y Navarra.

En concreto, se cita a la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Ana Helguera; al síndico mayor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Miquel Salazar; al conselleiro mayor del Consello de Contas de Galicia, José Antonio Redondo; a la ex presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía Carmen Núñez; al síndico mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández; al presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña; a la interventora general de la Comunidad Autónoma de Canarias entre septiembre de 2019 y julio de 2023, Natalia de Luis; al presidente de la Cámara de Comptos de Navarra, Ignacio Cabeza del Salvador; al director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, Cristóbal Milán; al presidente en funciones de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, Carlos Salgado; a la interventora general de la Comunidad de Madrid entre octubre de 2019 y julio de 2022, Marta García; y al presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia.

Los socialistas defienden en su documento que "el conjunto de las administraciones públicas en España, como en el resto de Europa y en los demás continentes, se vio sorprendida por la dimensión extraordinaria de la crisis" y que "los recursos de los que disponían en aquel momento los servicios públicos de sanidad, de protección civil y de servicios sociales, se evidenciaron como dramáticamente insuficientes e inadecuados para responder a la crisis".

Por ello, defiende el PSOE, "las administraciones públicas se vieron desbordadas ante la exigencia perentoria de todo tipo de material de protección, de análisis y de tratamiento, para los miles de profesionales y afectados que necesitaban de la atención de los diferentes servicios".

Con este contexto, donde "la demanda era enorme y la oferta no daba respuesta con la suficiente dimensión y celeridad", el PSOE apunta que "se pusieron en práctica mecanismos excepcionales de contratación pública rápida, que atemperan algunos controles a fin de acelerar procedimientos y contar cuanto antes con los recursos y servicios necesarios" de manera que, concluyen, "a menos controles, menos garantías y más riesgos".

Entendiendo que se trató de algo generalizado, el PSOE considera que "la opinión pública no podría entender que el Senado tenga interés en investigar un caso concreto -porque la comisión se ciñe al 'caso Koldo'- y rechazara hacerlo en otro de características idénticas o similares".