El texto reitera los datos ya expuestos por el Gobierno de forma repetida sobre el crecimiento económico y la creación de empleo a lo largo de la legislatura y que permiten poner en el horizonte el objetivo del pleno empleo para los próximos cuatro años, además de continuar con medidas sociales.

Sobre la base de ese balance, los socialistas reiteran su intención de afianzar la concertación social y asumen compromisos concretos, entre ellos el anunciado por el presidente del Gobierno de crear dos millones de nuevos puestos de trabajo, aumentar la tasa total de actividad media por encima del 70% (60% para las mujeres) y reducir la tasa de desempleo hasta el entorno del 7% y la de temporalidad hasta el 25%.

Para lograrlo esbozan cuatro líneas de actuación: nuevas medidas para el empleo de calidad en igualdad de oportunidades, más políticas públicas para promover el empleo y hacer efectivos los derechos sociales, iniciativas para reforzar a los interlocutores sociales y promover la participación de los trabajadores, y nuevas medidas para fomentar la inmigración ligada al empleo.

Para el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, el PSOE plantea la universalización de la red de escuelas de cero a tres años, alargar de 15 a 30 días la duración del permiso de paternidad y ampliar de 16 a 18 semanas la duración del permiso de maternidad por nacimiento del segundo hijo en el caso de familias monoparentales, y a 20 semanas a partir del tercer hijo.

Además, se compromete, en el caso de familias numerosas, monoparentales o con hijos con discapacidad, a elevar de 8 a 12 años la edad de los hijos para tener derecho a la reducción de jornada.

También suprimirá la penalización en la pensión de jubilación, que soportan particularmente las mujeres, como consecuencia del trabajo a tiempo parcial, considerándose cada día trabajado como día cotizado a efectos del periodo de carencia.

Asimismo, promete bonificaciones para que se favorezcan los horarios flexibles y estímulos "económicos o de otra índole" cuando los derechos a la reducción de jornada o a la excedencia por cuidado de hijos y familiares dependientes sean utilizados por los hombres.

Los grandes objetivos para la legislatura marcados por el PSOE son el pleno empleo y mejorar la calidad de ese empleo, es decir, garantizar salarios "suficientes" con trabajos estables para todas las edades y medidas que faciliten la conciliación.

Para ello considera necesaria la implicación de los poderes públicos, que concreta en varios compromisos: aumento gradual del salario mínimo profesional hasta situarlo "al menos" en 800 euros al mes en 2012 para seguir creciendo después hasta situarlo en el 60% del salario medio neto, como recomienda la Carta Social Europea.

Propone también ampliar la cotización diferencial por la contingencia de desempleo entre los contratos indefinidos y los de duración determinada, manteniendo el equilibrio financiero del sistema de protección, y plantea una serie de medidas para acotar la utilización de contratos temporales.

En el caso de los jóvenes, los socialistas consideran que existe un uso espurio de la figura del becario y que los contratos formativos "no acaban de obtener toda su potencialidad". Proponen por ello promover esos contratos de formación haciéndolos "más atractivos" y aprobar un Estatuto del Becario en las empresas, que incluya sanciones para quien los utilice indebidamente.

Los socialistas prometen también políticas específicas para los mayores desempleados orientadas al reciclaje profesional y a ocupaciones en las que se valore especialmente la experiencia, así como a mejorar los incentivos a la contratación de mayores de 45 años.

SINIESTRALIDAD LABORAL

Otro gran objetivo del PSOE es reducir la siniestralidad laboral hasta colocarla por debajo de la media de la Unión Europea, para lo cual compromete todas las medidas legislativas, reglamentarias y ejecutivas necesarias, incluida una ley integral, la creación de una policía judicial especializada, la formación de jueces, el refuerzo de la inspección y la creación de un registro de procesos judiciales.

Asimismo, el programa indica que se elevarán los recursos destinados a las políticas de prevención, se prestará asistencia pública a las microempresas de hasta 10 trabajadores, se elaborará un Plan Nacional de Formación, y se modificará el marco regulatorio de las mutuas de accidentes de trabajo.

Los socialistas prometen también desarrollar la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, apoyando la implantación de planes en las empresas de más de 250 trabajadores y con medidas legales que combatan la discriminación por cualquier motivo.

DISCAPACIDAD

En cuanto a la integración de personas con discapacidad, el PSOE asegura que se removerán todas las barreras que impiden ese objetivo.

En concreto, se compromete a potenciar la educación y la formación de las personas con discapacidad para favorecer su empleabilidad, diseñar nuevas políticas activas de empleo mejor adaptadas a sus necesidades, promover una mayor contratación en el mercado ordinario, renovar el empleo protegido y mejorar su calidad y condiciones de trabajo, especialmente combatiendo la discriminación.

El PSOE anuncia también la aprobación, en el marco del diálogo social y en colaboración con las comunidades autónomas, de una nueva Ley General para el Empleo, que favorezca las oportunidades de empleo de calidad, una más eficaz intermediación, la coordinación efectiva de los Servicios Públicos de Empleo y la mejora de las dotaciones de las políticas de empleo.

Los socialistas prestan también atención a las medidas para facilitar las transiciones del sistema educativo al empleo y garantizar la formación a lo largo de la vida laboral, para lo que plantean una serie de fórmulas de vinculación entre el mundo educativo y el mercado laboral.

En el capítulo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, prometen un incremento hasta los 3.000 efectivos, un plan de choque para incorporar 300 nuevos el primer año de legislatura y la creación de una Escuela de Formación.

En un último capítulo de medidas, el PSOE aboga por dar una solución definitiva a la devolución del patrimonio sindical acumulado, generado durante los años de la dictadura, con las aportaciones obligatorias de empresarios y trabajadores. Para ello, se creará una comisión de expertos nombrados por la Administración, los sindicatos y las asociaciones empresariales, con el fin de analizar la situación y formular propuestas.