En concreto, la comisión registrada por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Junts, Pdecat, CUP, BNG, Más País y Compromís “trataría sobre la vinculación de diversos estamentos oficiales en una trama parapolicial, mediática y empresarial sufragada con recursos de organismos estatales y gastos reservados”.

La Mesa del Congreso calificó este martes la comisión, pero será en la Junta de Portavoces de la semana que viene en la que se decida sobre su futuro, y es a ese momento, según dijo el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, en el que los socialistas valorarán lo que piden los grupos. “Ahí opinaremos porque nuestro propósito es analizar y marcar posición, en las comisiones se deben dirimir actuaciones políticas y deben cumplir requisitos”, apostilló Gómez.

Preguntada por este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la titular de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, sostuvo que el Ejecutivo tiene “la conciencia tranquila” y por eso mantiene un ejercicio de transparencia tanto en el “ámbito parlamentario, pero también en el judicial”.

“La fórmula” del Ejecutivo pasaba, según recordó, por la comparecencia de la directora del CNI en la comisión de secretos oficiales, dar “cuentas a la Justicia”, la investigación del Defensor del Pueblo y “las explicaciones” dadas y que “ampliarán” con la comparecencia el próximo jueves del presidente del Gobierno ante el Pleno.

Fuentes gubernamentales aseguran que “aún no está definido” qué posición va a tomar el PSOE ante esta comisión, aunque inicialmente desde Ferraz se aseguró que los socialistas “no” iban a apoyar esa comisión que reclaman los socios del Ejecutivo y del Congreso. En el PSOE aseguran ahora que no tienen decida la posición, y dejan en el aire todos los escenarios posibles.

Algunos socialistas hablan de la oportunidad política que presenta esta comisión pero también aseguran que por “coherencia” con la posición mantenida en casos precedentes no pueden apoyar esta iniciativa.

En concreto, el texto de la iniciativa propone la "creación de una comisión de investigación sobre la vinculación de diversos estamentos oficiales del estado y un entramado mediático, empresarial y 'parapolicial', con recursos y armas reservadas a organismos estatales al servicio de intereses espurios al margen del interés general y presuntamente sufragados con fondos reservados", sin mencionar Pegasus.

En su exposición de motivos, parte de las conclusiones a las que llegaron la anterior comisión de investigación de 2017 sobre el mismo tema y la de 2021 específicamente sobre la llamada 'Operación Kitchen'.

Pero estos partidos, después de que el PSOE y PP tumbaran la comisión de investigación pedida por el ‘caso Pegasus’, demandan esta comisión sobre las ‘cloacas’ ante el “estallido mediático del escándalo del espionaje masivo a instituciones -también al presidente del Gobierno-, activistas, políticos, abogados y periodistas con el software Pegasus, las especulaciones en torno a la autoría del mismo han ido proliferando, creando una suerte de magma de confusión general difícil de esclarecer".