La iniciativa surge pocas semanas después de que toda la oposición municipal congelara un proyecto de la anterior corporación socialista para una extensión "monstruo" por el sur de la ciudad, que habría dejado en mano del ayuntamiento suelo para construir 9.000 viviendas de iniciativa pública.

Aquel proyecto suponía la urbanización de una superficie similar a la mitad del casco urbano de la Zaragoza actual sobre suelos que son propiedad en su mayor parte del Fondo de Garantía de Depósitos y de promotores particulares.

El alcalde de Zaragoza, el socialista Antonio González Triviño, mostró su profunda desilusión por la retirada del proyecto. El teniente de alcalde delegado de Urbanismo en la anterior corporació, Luis García-Nieto, ha sido sometido a un fuerte acoso tanto en el seno del PSOE como por parte de los tres grupos de oposición, que en la actual corporación tienen 16 de las 31 concejalías.

La dirección de la Ejecutiva Federal obligó a Luis García-Nieto a presentar su dimisión como delegado de Urbanismo, y hace unos días anunció su próxima retirada de la corporación.

Izquierda Unida, que ha mantenido durante años encendidas polémicas con el concejal dimisionario, presenta ahora su plan de viviedas sociales como alternativa al proyecto socialista.

En lugar de una masiva urbanización de nuevos terrenos, plantea el desarrollo de todos los suelos urbanizables no programados que se encuentran en la periferia de la ciudad.

Esas parcelas podrían servir para edificar casi cincuenta mil viviendas. Los promotores del proyecto confían en que el rápido desarrollo de los instrumentos urbanísticos será atractivo para muchos de los propietarios, lo que permitirá abaratar el suelo con una abundante ofrta que además se beneficiaría de las líneas especiales de financiación que ha anunciado la Dirección General de la Vivienda.

Izquierda Unida propone que sea el propio ayuntamiento el que a cambio de una rápida tramitación de los planes de actuación urbanística, retenga el trámite de la venta de solares y venta de viviendas; un aspecto que el sector de promotores constructores rechaza.

En los primeros meses de los ayuntamientos democráticos, el área de Urbanismo estuvo bajo el control de un conceal del PCE que se enfrentó a los intereses de las constructoras, que lograron su dimisión tras paralizar en muy alto grado el sector de la construcción de viviendas en la ciudad.