El juez entiende que existen indicios serios y muy graves de que se han falsificado en masa documentos públicos (exámenes), lo que, a su entender, provocó un notable perjuicio en los derechos fundamentales de miles de personas.

El auto hecho público hoy destaca también el coste que las oposiciones del 90 están suponiendo pra el erario público y el descrédito que causa al sistema democrático.

Para el juez, el delito fue cometido en la clandestinidad por un grupo de personas que no dejaron rastro de lo sucedido para salir impunes de sus actos.

El magistrado entiende además que el secreto de sumario es necesario al menos, hasta que, por medio de una comisión rogatoria, pueda entrevistarse con Francisco Javier Abásolo, presidente de Euro Appraisal, la empresa que se encargó de corregir los exámenes, quien se encuentraen prisión en Francia acusado de estafa.

Hasta la fecha, cuatro personas vinculadas al Partido Socialista han ingresado a la cárcel por su presunta vinculación con el fraude.