En el texto de esta iniciativa se afirma que esta busca acercar la gestión del fenómeno migratorio a las administraciones más próximas, como la Generalitat y las entidades locales catalanas, ante el incremento de la llegada de personas a la comunidad catalana.

La proposición de ley destaca que Cataluña ha pasado de 6 a 8 millones de habitantes en los últimos cuarenta años, con un 18% de población extranjera actualmente, que se eleva al 25,1% si se tiene en cuenta el lugar de nacimiento, según datos del Instituto de Estadística de Catalunya.

El texto establece que el nuevo marco de derechos y deberes debe crear "un proyecto de futuro ilusionante" que integre valores como "la convivencia, el trabajo, el esfuerzo, la educación o la igualdad de género", para lograr una "integración plena" de los inmigrantes.

CIES Y FRONTERAS

La proposición delega en la Generalitat competencias en materia de estancia de larga duración, residencia temporal, residencia permanente y gestión colectiva de contrataciones en origen de trabajadores extranjeros.

También transfiere a Cataluña la gestión integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el control fronterizo en puertos y aeropuertos, y la emisión de documentación identificativa para extranjeros autorizados a residir, estudiar o trabajar.

El texto contempla que los Mossos d'Esquadra asuman las funciones de seguridad en puertos y aeropuertos catalanes, así como la prevención y persecución de delitos relacionados con la trata de personas.

La iniciativa prevé incrementar la plantilla de los Mossos hasta los 26.800 efectivos en 2032 para asumir estas nuevas competencias delegadas por el Estado en materia migratoria.

COORDINACIÓN BILATERAL

Se establecen mecanismos de coordinación entre administraciones a través de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat y la Junta de Seguridad de Cataluña, que presidirá el presidente de la Generalitat.

El texto señala que ambas administraciones deberán facilitarse mutuamente información sobre el ejercicio de las competencias delegadas y garantizar el acceso recíproco a los ficheros en materia de inmigración.

La ley prevé un plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor para hacer efectivo el traspaso de medios personales, patrimoniales y presupuestarios necesarios para ejercer las nuevas competencias.

Los grupos proponentes destacan que Cataluña "siempre ha sido un territorio fronterizo que ha acogido a mucha población" y ha tenido capacidad para "integrar a la catalanidad" a los recién llegados.

La proposición subraya el "impacto" que representa la inmigración para la lengua catalana, declarada como "lengua propia" en el Estatut, y establece que los inmigrantes deberán respetar los "valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales" de Cataluña.

TRATA DE PERSONAS

La iniciativa otorga a los Mossos competencias plenas en la "prevención, persecución, protección y asistencia" a víctimas de trata y explotación de seres humanos en territorio catalán.

La proposición de ley busca así una gestión "desde la proximidad" del fenómeno migratorio, con un nuevo "contrato social" que combine derechos y deberes tanto para los inmigrantes como para la sociedad catalana de acogida.